La profesión jurídica en España ha salido a las calles de Madrid para exigir una transición justa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que les permita mantener unas pensiones dignas. Convocados por la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía (Anama), más de 10.000 profesionales se han manifestado para solicitar al Gobierno que tenga en cuenta sus demandas a la hora de negociar el futuro de las cuotas que han destinado al Fondo Acumulado.
Esta protesta refleja la preocupación de los abogados por el fracaso del sistema de previsión social de la mutualidad de la abogacía, el cual, según denuncian, «no ha cumplido con su función». Por ello, reclaman que se legisle una pasarela al RETA que garantice la dignidad de sus pensiones, evitando que algunos profesionales lleguen a percibir apenas 400 euros al mes.
UNA SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARA LAS PENSIONES
Los abogados afectados por la mutualidad proponen a la Seguridad Social la conversión de las cuotas destinadas al Fondo Acumulado en años cotizados en el RETA. Este planteamiento, respaldado por informes económicos y jurídicos de las Universidades de Valencia y Extremadura, se presenta como una alternativa sostenible para el sistema de pensiones.
La clave de esta propuesta radica en establecer una tabla de conversión que permita conocer el número de meses cotizados en el RETA en función del importe del Fondo Acumulado que se entregue a la Seguridad Social. Este cálculo tendría en cuenta el factor de conversión del RETA y la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde 1981.
Asimismo, la propuesta incluye el desarrollo de un mecanismo de arbitraje similar al de los planes de pensiones, con el fin de poder hacer líquidas las aportaciones ante la imposibilidad de traspasar el fondo acumulado de todos los mutualistas en un mismo momento, evitando así riesgos de descapitalización en las mutualidades.
UN LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
Los manifestantes han exigido responsabilidad al Gobierno por la «dejadez en la supervisión de las mutualidades» que, según denuncian, «nunca» llevó a cabo. Consideran «inadmisible» que la pasarela al RETA se quede por debajo de los mínimos establecidos para este régimen, y reclaman que lo aportado pase a la Seguridad Social, ya que hay casos de abogados que «se van a ver con 400 euros de pensión e incluso menos».
En definitiva, los profesionales de la judicatura exigen una solución justa y sostenible que les permita mantener unas pensiones dignas, acorde a las contribuciones realizadas durante sus carreras. Mediante esta movilización, han dejado claro que no aceptarán una transición al RETA que no garantice sus derechos y la dignidad que merecen tras años de servicio a la profesión jurídica.
