Caso Juana Canal: la familia recurrirá si el asesino no es condenado a más de 12,5 años de prisión

Ya hay fallo para el Caso Juana Canal. El Jurado Popular del juicio ha declarado este jueves a Jesús Pradales por unanimidad culpable de un delito de homicidio doloso, con lo que descarta que la víctima muriera de forma accidental en la madrugada del 23 de febrero de 2003, en un piso de la calle Boldano, en el madrileño barrio de Ciudad Lineal. Aunque se ha conocido el fallo del tribunal, que declara culpable a Pradales, falta conocer la sentencia todavía. La familia de la víctima ya ha dicho que sólo recurrirá la misma si la condena es inferior a 12 años y medio de cárcel.

De este modo, los miembros del tribunal del jurado respaldan la tesis de la fiscal y del abogado de SOS Desaparecidos, Juan Manuel Medina, quienes mantenían que la fallecida no murió de forma fortuita después de que el acusado le apartara con el brazo para evitar que le agrediera.

La Fiscalía y el abogado de la acusación particular piden una condena de quince años de cárcel por un delito de homicidio doloso con la agravante de parentesco, mientras la defensa reclamaba la absolución al tratarse de una muerte accidental. Fuentes cercanas a la familia confirman a MONCLA que esperan que la sentencia se mueva en una horquilla de 12’5 y 15 años en función de los agravantes, pero que recurrirán si es condenado a menos de 12’5 años.

El procesado mantiene que la que fuera su pareja durante cinco meses murió de forma accidental en el piso que compartían en Ciudad Lineal la madrugada del 23 de febrero de 2003 de un golpe contra el suelo después de que la apartara con el brazo para evitar que ésta le pegara con los puños. Según su relato, esa noche Juana estaba más agresiva de lo normal al estar bajo los efectos del alcohol.

El presunto asesino de Juana Canal, Jesús Pradales (d) y su abogado Juan Luis Salgado (i), durante un juicio en la Audiencia de Madrid.
El presunto asesino de Juana Canal, Jesús Pradales (d) y su abogado Juan Luis Salgado (i), durante el juicio.

Durante su exposición final, la fiscal subrayó que la muerte de Juana no fue «accidental», sino el «resultado de una acción agresiva en la que Jesús asumía el riesgo» de ese resultado.

«En 26 horas, la descuartiza, que no es fácil, conduce 170 kilómetros, cava dos hoyos, entierra los restos óseos, vuelve y deja la nota a Sergio, el hijo mayor de Juana, en la que le escribe que su madre ha tomado pastillas y se ha ido», detalló.

UNA DESAPARICIÓN Y UNA DISCUSIÓN

Juana Canal desapareció en la madrugada del 23 de febrero de 2003 a los 38 años de edad. La mujer vivía en el madrileño barrio de Ciudad Lineal junto a sus hijos y a su nueva pareja, Jesús. En el momento en el que se le perdió la pista trascendió que Juana y Jesús habían tenido una discusión. Cuando uno de los hijos mayores de Juana llegó a casa después de una noche fuera se encontró una nota de Jesús en la que le informaba de dicha discusión y que ella había salido corriendo y no la había encontrado.

Lo cierto es que la discusión esa noche fue tan fuerte que se personaron en el inmueble agentes de la comisaría del distrito. Tras marcharse, la conversación subió de nuevo de intensidad.

Juana desapareció como si se la hubiera tragado la tierra, más de 15 años después un hallazgo pondría luz en el asunto: en Navalacruz (Ávila) aparecieron en 2019 los primeros restos, descubiertos casualmente por un senderista, un fémur y el cráneo en una finca propiedad de la familia de Jesús.

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Cartel de búsqueda de Juana Canal en 2003.

Tras cotejarse el ADN, la Policía Nacional y la Guardia Civil iniciaron un rastreo por la zona para localizar más restos de Juana. Encontraron una costilla, la cadera, otro fémur y una parte de la columna vertebral. En junio de 2022 se comunicó la familia los hallazgos. Sólo tres meses después, en octubre de 2022, Jesús confesó ante la jueza de instrucción el crimen involuntario.

Desde el hallazgo, la investigación se centró en Jesús, que ya había sido investigado 19 años atrás cuando Juana desapareció. Una orden judicial permitió que su teléfono fuera intervenido. El contenido de las llamadas precipitó la detención de Jesús en pueblo abulense y su posterior confesión.

Un juez de Ávila acordó su ingreso en prisión provisional, pero se inhibió a favor de los juzgados de Madrid al entender que los supuestos hechos delictivos tuvieron lugar en el partido judicial de la capital.