La fiscal delegada de delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Valencia, Susana Gisbert, ha presentado una denuncia en el Juzgado Decano de Torrent contra un docente acusado de aplicar terapias de conversión sexual a exalumnos de un colegio concertado ubicado en Alaquàs. La representante del ministerio público considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y/o contra la integridad moral, previsto en el artículo 510 del Código Penal.
Esta denuncia se produce después de que a mediados de julio trascendiera la denuncia de varios exalumnos del colegio Madre Josefa Campos de Alaquàs (Valencia) contra este docente, quien ya no trabaja en el centro, según se informó a principios de mes. Según las denuncias, el profesor les sometió a estas prácticas de conversión, llegando incluso a «ofrecerle a uno de ellos una pastilla para curar la homosexualidad».
La Respuesta de las Autoridades Educativas y Religiosas
Tras conocer los hechos, la Conselleria de Educación anunció que pondría en conocimiento de la Fiscalía la denuncia por estas prácticas, prohibidas por la legislación valenciana. Por su parte, el Arzobispado de Valencia manifestó que, a pesar de no tener constancia de que se hayan realizado estas prácticas, llevaría adelante una investigación «sobre las actuaciones que se han conocido».
En cuanto al Centro de Orientación Familiar (COF) donde trabaja el docente acusado, señalaron que no han recibido «ninguna queja de personas que hayan sido atendidas» y aseveraron que el Mater Misericordiae «no es un organismo oficial de la Diócesis, sino una asociación pública de fieles, que tiene sus propios estatutos».
El Papel de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión
Además de las acciones emprendidas por las autoridades, la Asociación Española contra las Terapias de Conversión también anunció que acudiría a la Fiscalía Provincial de Valencia por estos hechos. Esta organización juega un papel fundamental en la lucha contra este tipo de prácticas, que han sido condenadas a nivel internacional por considerarlas dañinas y discriminatorias.
La presentación de esta denuncia por parte de la fiscal delegada de delitos de Odio refleja la gravedad de los hechos y la determinación de las autoridades por investigar a fondo estas presuntas violaciones de los derechos fundamentales de los exalumnos. El desarrollo de este caso será sin duda de gran relevancia para la protección de la integridad y la dignidad de las personas, especialmente de aquellas pertenecientes a grupos históricamente vulnerables.
