Las formaciones progresistas de Sumar han intensificado sus críticas contra el Gobierno de Israel y su primer ministro, Benjamin Netanyahu, a quienes acusan de perpetrar «actos genocidas» contra el pueblo palestino. Desde estos partidos políticos, se exige una ruptura definitiva de las relaciones diplomáticas con el Estado hebreo, al que consideran una «amenaza para la paz» en la región.
Aina Vidal, dirigente de los ‘comunes’ y portavoz adjunta de Sumar, ha señalado en rueda de prensa que «ya casi se cumple un año del genocidio contra el pueblo palestino» y que «no hay justificación posible ante la ofensiva de Israel, que perpetra una violación flagrante del derecho humanitario e internacional«. Para Vidal, «el peligro para la paz es Israel. Netanyahu es un criminal de guerra, tanto en Palestina como en el Líbano. Y es insoportable el silencio y la cobardía por parte de la mayor parte de la comunidad internacional.
Llamamientos a Sanciones Económicas y Diplomáticas
Por su parte, Jorge Pueyo, diputado de la Chunta en el grupo plurinacional, ha manifestado que siguen «con máxima preocupación la situación en Líbano» y que «en múltiples ocasiones han llamado a cortar relaciones diplomáticas con Israel«. En la misma línea, Águeda Micó, portavoz de Compromís en el Congreso, ha defendido que «se deben aplicar sanciones económicas a Israel ante su genocidio al pueblo palestino«.
Estos llamamientos se producen en un momento de profunda tensión en Oriente Próximo, con los recientes bombardeos israelíes sobre objetivos en Líbano y la continua espiral de violencia entre israelíes y palestinos. Desde los partidos de la izquierda progresista, se exige una respuesta firme de la comunidad internacional ante lo que consideran «crímenes de guerra» perpetrados por el Gobierno de Netanyahu.
Presión sobre el Ejecutivo Español
Las formaciones de Sumar han intensificado su presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez para que adopte una posición más contundente frente a Israel. Reclaman el cese inmediato de las relaciones diplomáticas y la aplicación de sanciones económicas, en línea con el llamamiento realizado por sus homólogos en el Congreso.
Según estas fuerzas políticas, la tibieza mostrada hasta ahora por el Ejecutivo español ante los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por Israel es «inaceptable» y compromete la credibilidad de España como actor relevante en la resolución del conflicto en Oriente Próximo. Exigen, por tanto, un giro radical en la política exterior española hacia Tel Aviv.
