El abogado de Rubiales tendrá que justificar a la juez su papel en los contratos de la Supercopa en Arabia

La juez del denominado Caso Supercopa ha citado a Tomás González Cueto, exasesor jurídico del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, para que declare como investigado el próximo jueves 3 de octubre, a las 9.30 horas en los juzgados de Majadahonda. La juez quieres saber qué funciones desempeñó Tomás González Cueto como asesor de la RFEF mientras Luis Rubiales fue su presidente y, en concreto, qué papel tuvo en la negociación y redacción de los contratos de la Supercopa de España entre la Federación y SELA, la organizadora de eventos en Arabia Saudí.

Así consta en una providencia firmada este mismo lunes por la juez Delia Rodrigo, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda (Madrid), que instruye la investigación sobre las presuntas irregularidades en los contratos firmados por la RFEF durante la presidencia de Rubiales, incluidos los suscritos para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. En esa misma providencia la juez ordena al Letrado de la Administración de Justicia que proceda al «cotejo de las transcripciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO)» de la Guardia Civil de las llamadas telefónicas intervenidas en el marco de la investigación.

González Cueto tendrá que comparecer en sede judicial después de que el pasado abril pidiera a la juez que declarase nulas las actuaciones que llevó a cabo la Guardia Civil en su contra en el marco de las pesquisas, desde los seguimientos e intervenciones telefónicas, pasando por la documentación incautada en las entradas y registros, hasta su detención.

La defensa de González Cueto alegó entonces que las intervenciones telefónicas practicadas -en las que se recogen conversaciones que dice haber mantenido en condición de letrado con uno de sus clientes- vulneraban el secreto profesional y el privilegio entre abogado y cliente. En otro escrito, que presentó en junio de 2024, González Cueto aseguró que no había facturado por partida doble a la Federación por sus labores de asesoramiento legal, ya que lo abonado a su despacho GC Legal era independiente de su labor de comisionado de control externo y aseguró que no «existía un solapamiento» entre las funciones.

Tras su detención, una de las primeras diligencias practicadas por la juez fue ordenar a diferentes entidades bancarias que bloqueasen hasta 9 cuentas bancarias de Cueto, más seis fincas o viviendas, tres en Pozuelo de Alarcón, dos en Madrid y una en León. La jueza también ordenó el bloqueo de un coche marca BMW X6.

Esto no significaba que González Cueto no pudiese acceder a esas fincas o utilizar su vehículo. Lo que no puede hacer de momento es venderlas o cederlas a terceros, para evitar incurrir en un levantamiento de bienes en caso de que finalmente resultase condenado en concepto de responsabilidad civil o multado económicamente.

Cueto fue uno de los detenidos el 20 de marzo de 2024 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la Operación Brody y al principio se negó a declarar, ya que la causa estaba entonces bajo secreto sumarial. Durante las investigaciones realizadas por la Guardia Civil a Cueto se le grabaron varias conversaciones y encuentros con otros supuestos actores de la trama.

En una de ellas Cueto se muestra molesto con Luis Rubiales que le habría recriminado contratar a su hija para trabajar en la Federación. Otra conversación, grabada el 16 de febrero, revela que viajó a República Dominicana para encontrarse con el ex presidente de la RFEF y que no se hablan desde que tuvo un «altercado». Según Cueto, Rubiales le habría pedido hacer algo «que era ilegal» y se negó porque además podía poner en riesgo su despacho.

LA SUPERCOPA DE RUBIALES

Tomás González Cueto, el abogado investigado por las posibles irregularidades en la RFEF durante el periodo de la presidencia de Luis Rubiales y que fue Comisionado de Control Externo, aseguró en sus últimas declaraciones a la juez que no facturó por partida doble a la federación por sus labores de asesoramiento legal, ya que lo abonado a su despacho GC Legal era independiente de su labor de comisionado.

Así constaba en un escrito de su defensa. En el mismo, se recordaba que la relación de González Cueto con la RFEF se remonta a mayo de 2018, cuando el despacho de este abogado y la Federación firmaron un contrato de arrendamiento de servicios profesionales.

El escrito defiende que en los 6 años de relación contractual entre GC Legal y la RFEF el despacho de González Cueto «ha participado en numerosos asuntos donde se debatían cuestiones muy sofisticadas», tanto en lo que respecta al asesoramiento, como en el ámbito procesal.

Luis Rubiales, a la llegada al juzgado.
Luis Rubiales, a la llegada al juzgado de Majadahonda.

Y recalcaba que no «existía un solapamiento» entre las funciones desarrolladas por la Asesoría Jurídica de la RFEF y la labor de asesoramiento y procesal de GC Legal, que no entraba en las cuestiones deportivas propias de la actividad de la federación ni en la gestión ordinaria, lo que correspondía a su Asesoría Jurídica. Sumaba a esto que GC Legal no fue el único despacho que se subcontrató, ya que la federación echó mano de «numerosos despachos de abogados para llevar a cabo toda una serie de actuaciones de asesoramiento jurídico y litigación procesal en las que no intervinieron en modo alguno ni González Cueto ni su despacho profesional».

889 INFORMES

Ese escrito entraba a analizar también la labor de este abogado en el que su día confió Rubiales como Comisionado Externo, y subraya que esa labor paralela «buscaba reforzar la transparencia de la RFEF y desarrollar el sistema de compliance officer». También destacaba que desde 2019 hasta 2024, González Cueto emitió un total de 889 informes. En relación a la Supercopa la defensa de González Cueto analizaba la labor del despacho GC Legal en el asesoramiento para la firma del contrato que hizo posible que la Supercopa de España se disputara en Arabia Saudí.

En este sentido, indica que el despacho participó «en el asesoramiento en la redacción de los contratos de la RFEF con SELA» -empresa pública saudí- dado que el ente federativo «carecía de expertos en contratación internacional». También aseguraba que se solicitó al despacho de González Cueto «asistencia en la confección de la documentación contractual, que se prestó a través de una de las socias, Raquel Serrano». Y destaca que esa labor «fue exclusivamente técnica, plasmando las condiciones contractuales acordadas por las partes».

Al hilo, explica que ese primer contrato con SELA (no así la adenda posterior de 2020) no fue objeto de un informe expreso y formal por parte de González Cueto como Comisionado de Control Externo. No obstante, añade, su socia de Contratación Mercantil participó en el asesoramiento y González Cueto estuvo informado en el día a día de todo «no apreciándose ninguna irregularidad». Además, la socia de GC Legal que asesoró en ese contrato solicitó un informe al compliance officer de la RFEF, Javier Puyol Montero, y destaca que ese informe daba cuenta de «la plena legalidad jurídica y económica del contrato suscrito con SELA para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí, decidido por Rubiales.

«No existe evidencia alguna que determine en el presente caso la posible existencia de conflicto de interés con relación a la suscripción, el otorgamiento y la ejecución de dicho contrato», recuerda sobre ese informe, del que también destaca que en sus conclusiones contemplaba que «no existe ni el cobro, ni tampoco el pago de comisiones (legales o ilegales) por parte de la RFEF en el contrato suscrito (…) en favor de la empresa Kosmos Global Holding S.L.», empresa del exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.

La denuncia que inició la investigación y acabó con la renuncia de Luis Rubiales fue realizada por la asociación Transparencia y Democracia en el Deporte de Miguel Ángel Galán, convertida en auténtico azote de la corrupción en el fútbol español. De momento, Galán ha conseguido que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) impida celebrar elecciones a la presidencia de la RFEF, e incluso anuncia nuevas acciones legales si persiste la convocatoria de Junta Directiva ya «podría ser nula dado que María Ángeles García presentó su dimisión de todos sus cargos».

González Cueto está investigado, al igual que Luis Rubiales, por los delitos corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.