El pasado 11 de septiembre el ex secretario de Puertos del Estado declaró ante el juez instructor del Caso Koldo, Ismael Moreno, que había transmitido al ministerio una oferta sensiblemente inferior en precio a la concertada con Soluciones de Gestión, 1,35 euros por unidad frente a los 2,50 euros de Soluciones. La prueba de que eso ocurrió estás documentada en un correo que el propio Sánchez Manzanares envió a Koldo García, entonces asesor principal del ministro Ábalos y que nunca obtuvo respuesta. Este documento consta entre las pruebas recabadas por los investigadores de la UCO de la Guardia Civil y Puertos del Estado tiene una copia del mismo en sus mails.
Ese mail y documento adjunto, a los que ha tenido acceso MONCLOA, recoge: «Koldo, esto acaba de entrar por correo electrónico. Nos ofrecen 8 millones, a 1,35 euros, plazo de entrega 7 días. Ya me dices» y adjuntado va un archivo denominado «Propuesta de suministro de mascarillas FFP2». Evidentemente, esa propuesta, ofrecida por la empresa cántabra Terraplanet del Sur, era más barata (10,8 millones) que la de la zaragozana Soluciones de Gestión, que salía a 2,50 euros por mascarilla (20 millones de euros) y transporte aparte. Esta opción nunca fue aceptada. Pero Álvaro Sánchez Manzanares, como si presintiese lo que iba a ocurrir, dejó la gestión por escrito vía mail a Koldo García, principal asesor de Ábalos.
Sánchez Manzanares respondió a preguntas del fiscal sobre esta oferta enviada a Koldo García y al principio negó esta posibilidad, pero cuando el fiscal le interrogó sobre la oferta en concreto de Terraplanet, tuvo que reconocer que existía, aunque había llegado después que la de Soluciones de Gestión. También dijo que la había transmitido al ministerio, algo que hizo reenviándosela a Koldo García, principal asesor entonces de Ábalos. Esa declaración ya provocó que una de las acusaciones populares, la asociación Hazte Oír pidiese la imputación de Francisco Toledo, ex presidente de Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transportes.
Efectivamente esa oferta fue trasladada por Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado, a Koldo García Izaguirre, asesor del ministro Ábalos, con el texto «Koldo, esto acaba de entrar por correo electrónico. Por eso dijo que la había mandado «al ministerio», otorgando plenos poderes entonces a Koldo García. Era el 23 de marzo de 2020 a las 14.08 horas.
La oferta de Terraplanet, a la que ha tenido acceso MONCLOA, consistía en 8 millones de mascarillas de protección FFP2 (KN95) con válvula de filtrado, producto extracomunitario con marcado CE, con origen en China y a un precio total de 10.800.000 euros, a entregar 7 días después de la formalización del contrato en la aduana del Aeropuerto de Barcelona. Hay que recordar que el primer encargo que realizó Puertos del Estado fue igualmente de 8 millones de mascarillas por 20 millones de euros, el doble de la oferta presentada por la empresa santanderina.
Es más, incluso Puertos del Estado, tal y como recuerda el escrito de la acusación particular, «ante la dificultad de cumplimiento del contrato por Soluciones de Gestión, hubo que hacer un modificado que cambio elementos sustanciales como el plazo de entrega, y más cuando se trataba de un contrato de urgencia por cuanto se necesitaba la inmediata llegada de las mascarillas por cuestiones de salud pública».
Los funcionarios que trabajaban durante la pandemia en Puertos del Estado han declarado ya ante el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, en el mismo sentido: «el pasado miércoles 11 de septiembre tuvo lugar la declaración del Sr. Álvaro Sánchez Manzanares en calidad de investigado. Al responder a las preguntas planteadas por su defensa y por el Ministerio Fiscal, alegó que en algunos momentos se plantearon ciertas reticencias por parte de su equipo sobre la decisión de adjudicar el contrato investigado a Soluciones de Gestión SL, circunstancias que fueron confirmadas en las declaraciones de las Sras. Aránzazu De Miguel Peña y María Belén Caballero Martínez realizadas el viernes 13. A pesar de esto, Sánchez Manzanares alegó que optó por seguir las directrices marcadas por el ministerio y por decisión de Francisco Toledo Lobo, presidente de PE en aquellos momentos», según la misma querella de Hazte Oír.
Además, Sánchez Manzanares declaró que a pesar de que el plan de vuelos de entrega de mascarillas no se cumplió según lo pactado, tomó la decisión de continuar con el proceso y no resolver el contrato «pudiendo haberlo hecho tal y como el propio Toledo confirmó», según la acusación. Como las mascarillas solo llegaban a Madrid, Puertos del Estado contrató a otra empresa privada, Raminatrans, para las distribución del material por todos sus organismos locales.
Las acusaciones ya han pedido que declaré tanto los representantes de la comercial que realizó la oferta, Terraplanet, y los representantes de Raminatrans, la empresa que se encargó de distribuir las mascarillas a diferentes puertos españoles.
KOLDO GARCÍA SUPO LA OFERTA
La acusación también añade que «en su propia declaración de fecha 13 de septiembre, el Sr. Toledo Lobo (que acudió como testigo) admitió a preguntas de la acusación que, dado su cargo, es el máximo responsable y responde de la legalidad de los contratos, habiéndole sido perfectamente posible no haber firmado el contrato con Soluciones de Gestión SL. Debe así destacarse que, a pesar de la modificación de la oferta, que podría considerarse sustancial, el Sr. Toledo Lobo optó por seguir adelante aunque le hubiese sido perfectamente posible negarse a hacerlo, algo que ha manifestado durante su declaración, refiriendo incluso el plazo temporal del que disponía para ello». La asociación también aduce que es perfectamente posible cambiar el estatus de testigo a investigado, «siendo una posibilidad que el Tribunal Supremo ya ha avalado en repetidas ocasiones».
Además de pedir la imputación de Toledo, Hazte Oír solicitó al juzgado que realice nuevas diligencias de prueba como «que se requiera a Puertos del Estado para que emita certificación de la estructura de tal entidad en marzo de 2020, detallando expresamente 1) la relación de puestos de trabajo, personal y órganos, así como organigrama de Puertos del Estado; 2) descripción de las funciones, facultades y competencias de cada uno de ellos, muy especialmente las del Presidente, Secretaría General, Jefe del Área Jurídica, del Área de Contratación y de la Unidad económico-financiera; 3) indicación de quien ocupaba cada uno de los puestos indicados en el punto 2 a fecha 20 de marzo de 2020».
También han pedido que dado que «la tercera testigo que declaró el pasado viernes 13 de septiembre, doña Aránzazu de Miguel Peña, del servicio de contratación de Puertos del Estado, declaró que hubo algún otro contrato en el que se realizaron pagos anticipados al contratista adjudicatario, por lo que es de interés de esta parte que se acredite la veracidad de tal aserto, solicitando a Puertos del Estado, para que emita certificación, de aquellos contratos en que se procedió al pago anticipado, indicando fecha de adjudicación, importe de adjudicación, así como cuantía y fecha de los eventuales pagos anticipados, y en su caso, si en el expediente administrativo se unió justificación de esa decisión de pago anticipado» y que se acredite formalmente la necesidad de la tramitación de esos contratos por la vía de urgencia.
