El Gobierno de Canarias ha aprobado un aumento de crédito por 24,1 millones de euros para hacer frente a los gastos relacionados con la atención a menores extranjeros no acompañados y la ejecución de medidas judiciales para menores infractores. Esta decisión refleja el compromiso del ejecutivo autonómico por brindar un apoyo integral a estos sectores vulnerables de la población.
La mayor parte de la financiación, 18,9 millones de euros, se destinará a cubrir los costos derivados de la asistencia a los menores extranjeros no acompañados que han llegado a Canarias. Actualmente, la comunidad autónoma acoge a más de 5.500 de estos jóvenes y cuenta con 81 dispositivos de emergencia habilitados para atenderlos.
Por otro lado, 4,9 millones de euros se asignarán al programa de ejecución de medidas judiciales de menores infractores que lleva a cabo la Fundación IDEO. Además, se incrementará en 288.000 euros la partida destinada a los gastos de funcionamiento de dicha fundación. Estos recursos permitirán financiar los convenios con diversas entidades que colaboran en la ejecución de las sanciones impuestas por los tribunales a los menores infractores.
Canarias, una Comunidad Comprometida con la Protección de la Infancia
La decisión del Gobierno de Canarias de ampliar significativamente los recursos destinados a la atención de menores extranjeros no acompañados y menores infractores demuestra su firme compromiso con la protección y el bienestar de la infancia más vulnerable. Estas medidas forman parte de una estrategia integral para brindar una respuesta efectiva a las necesidades de estos colectivos, garantizando su desarrollo y su integración social.
La situación de emergencia declarada desde agosto del año pasado ha permitido agilizar los trámites administrativos y mejorar la capacidad de respuesta de la comunidad autónoma ante la llegada constante de menores extranjeros no acompañados. Esto ha sido fundamental para asegurar que estos jóvenes reciban la atención y los cuidados necesarios.
Asimismo, el programa de ejecución de medidas judiciales de menores infractores impulsado por la Fundación IDEO y financiado por el Gobierno de Canarias, busca ofrecer alternativas rehabilitadoras y oportunidades de reinserción a los menores que han cometido delitos, evitando así la reincidencia y fomentando su reintegración a la sociedad.
La Apuesta de Canarias por la Inclusión y la Protección de la Infancia
El incremento de 24,1 millones de euros en el presupuesto de la Consejería de Bienestar Social de Canarias demuestra el firme compromiso del Gobierno regional por abordar de manera integral los desafíos que enfrentan los menores extranjeros no acompañados y los menores infractores. Esta inversión refleja la prioridad que la comunidad autónoma otorga a la protección y el desarrollo de estos grupos vulnerables, en línea con los principios de inclusión y justicia social.
Al destinar recursos significativos a la atención de estas poblaciones, Canarias reafirma su liderazgo en la implementación de políticas públicas innovadoras y efectivas para la integración y el bienestar de la infancia. Esta iniciativa servirá como un ejemplo a seguir para otras regiones que enfrentan desafíos similares, fortaleciendo el compromiso de toda España con la defensa de los derechos y la dignidad de los menores en situación de vulnerabilidad.
El Gobierno de Canarias ha aprobado un aumento de crédito por 24,1 millones de euros para hacer frente a los gastos relacionados con la atención a menores extranjeros no acompañados y la ejecución de medidas judiciales para menores infractores. Esta decisión refleja el compromiso del ejecutivo autonómico por brindar un apoyo integral a estos sectores vulnerables de la población.
La mayor parte de la financiación, 18,9 millones de euros, se destinará a cubrir los costos derivados de la asistencia a los menores extranjeros no acompañados que han llegado a Canarias. Actualmente, la comunidad autónoma acoge a más de 5.500 de estos jóvenes y cuenta con 81 dispositivos de emergencia habilitados para atenderlos.
Por otro lado, 4,9 millones de euros se asignarán al programa de ejecución de medidas judiciales de menores infractores que lleva a cabo la Fundación IDEO. Además, se incrementará en 288.000 euros la partida destinada a los gastos de funcionamiento de dicha fundación. Estos recursos permitirán financiar los convenios con diversas entidades que colaboran en la ejecución de las sanciones impuestas por los tribunales a los menores infractores.
Canarias, una Comunidad Comprometida con la Protección de la Infancia
La decisión del Gobierno de Canarias de ampliar significativamente los recursos destinados a la atención de menores extranjeros no acompañados y menores infractores demuestra su firme compromiso con la protección y el bienestar de la infancia más vulnerable. Estas medidas forman parte de una estrategia integral para brindar una respuesta efectiva a las necesidades de estos colectivos, garantizando su desarrollo y su integración social.
La situación de emergencia declarada desde agosto del año pasado ha permitido agilizar los trámites administrativos y mejorar la capacidad de respuesta de la comunidad autónoma ante la llegada constante de menores extranjeros no acompañados. Esto ha sido fundamental para asegurar que estos jóvenes reciban la atención y los cuidados necesarios.
Asimismo, el programa de ejecución de medidas judiciales de menores infractores impulsado por la Fundación IDEO y financiado por el Gobierno de Canarias, busca ofrecer alternativas rehabilitadoras y oportunidades de reinserción a los menores que han cometido delitos, evitando así la reincidencia y fomentando su reintegración a la sociedad.
La Apuesta de Canarias por la Inclusión y la Protección de la Infancia
El incremento de 24,1 millones de euros en el presupuesto de la Consejería de Bienestar Social de Canarias demuestra el firme compromiso del Gobierno regional por abordar de manera integral los desafíos que enfrentan los menores extranjeros no acompañados y los menores infractores. Esta inversión refleja la prioridad que la comunidad autónoma otorga a la protección y el desarrollo de estos grupos vulnerables, en línea con los principios de inclusión y justicia social.
Al destinar recursos significativos a la atención de estas poblaciones, Canarias reafirma su liderazgo en la implementación de políticas públicas innovadoras y efectivas para la integración y el bienestar de la infancia. Esta iniciativa servirá como un ejemplo a seguir para otras regiones que enfrentan desafíos similares, fortaleciendo el compromiso de toda España con la defensa de los derechos y la dignidad de los menores en situación de vulnerabilidad.
