La actuación del Ministerio del Interior durante la pandemia ha sido objeto de intenso escrutinio público, especialmente en lo que respecta a los contratos de adquisición de mascarillas. El actual ministro, Fernando Grande-Marlaska, ha salido al paso de las preguntas presentadas en el Congreso por el ex ministro socialista José Luis Ábalos, reiterando que todas las gestiones realizadas por su departamento se llevaron a cabo dentro de la «plena legalidad«.
En una declaración a la prensa durante la celebración del Día de la Merced en León, Grande-Marlaska ha señalado que desconoce la batería de preguntas presentada por Ábalos, pero ha asegurado que «todas las preguntas serán contestadas oportunamente«. El ministro ha enfatizado que la actuación de los funcionarios del Ministerio del Interior durante la crisis sanitaria se realizó de manera transparente y dentro del marco legal.
La auditoría sobre los contratos de mascarillas
Por su parte, el ex ministro Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto en el Congreso, ha registrado un escrito de 13 páginas en el que solicita explicaciones al actual titular de Transportes, Óscar Puente, por la auditoría que encargó sobre los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia. Ábalos critica que Puente haya actuado como «juez y parte» en este proceso.
Además, Ábalos hace hincapié en el papel que jugó el Ministerio del Interior en el denominado «caso Koldo«. Según el ex ministro, la auditoría menciona las visitas que hacía Víctor de Aldama a Transportes, pero no hace mención de las «visitas no registradas de empresarios«. En este sentido, Ábalos apunta al papel que jugó en los años 2020 y 2021 el subteniente de la Guardia Civil detenido en el ‘caso Koldo’, Rubén Villalba.
Transparencia y rendición de cuentas
Las preguntas planteadas por Ábalos buscan esclarecer diversos aspectos relacionados con los contratos de mascarillas, incluyendo el destino de las mismas y si hubo algún tipo de irregularidad en su distribución. Asimismo, cuestiona por qué no se entrevistó al responsable directo del control y registro de acceso, el jefe del área de Seguridad en 2020 y 2021, dependiente de la Oficialía Mayor y, a su vez, de la Dirección General de Ordenación e Inspección, autora de la auditoría.
En un momento en el que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la confianza pública, las inquietudes planteadas por Ábalos resaltan la importancia de esclarecer cualquier posible irregularidad en un proceso que tuvo un impacto significativo en la gestión de la crisis sanitaria. La respuesta del Ministro del Interior y el desenlace de este caso serán ampliamente seguidos por la opinión pública.
