El sistema de acogida para menores migrantes no acompañados en España se enfrenta a una grave crisis. La situación en Canarias es especialmente preocupante, donde el número de menores que llegan a las islas sin compañía de un adulto ha aumentado exponencialmente en los últimos años. El Gobierno de Canarias ha denunciado reiteradamente la falta de respuesta y apoyo del Estado en la gestión de esta problemática, lo que genera una sobrecarga en los recursos de la comunidad autónoma y pone en riesgo el bienestar de los menores.
Este problema no es nuevo. La gestión de los menores migrantes no acompañados es una competencia del Estado, pero la realidad es que las comunidades autónomas se encuentran en primera línea, asumiendo la responsabilidad de la atención, el alojamiento y la protección de estos menores. La falta de coordinación y apoyo del Gobierno central dificulta la aplicación de políticas efectivas y pone en peligro la protección de los derechos de los menores.
Un Requerimiento por la Incumplimiento del Estado
El Gobierno de Canarias, ante la situación insostenible, ha decidido tomar medidas contundentes. Tras la reiterada falta de respuesta del Gobierno central a las demandas de la comunidad autónoma, ha presentado un requerimiento formal en el que se denuncia la «acumulación de incumplimientos» en la gestión de los menores migrantes no acompañados. Este requerimiento se fundamenta en la clara responsabilidad del Estado en la atención de estos menores, tal como lo establece la legislación vigente.
El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha destacado que desde Canarias se considera que el Estado «no está contemplando todos los aspectos legales» que le corresponden en relación con la gestión de los menores migrantes no acompañados. Se ha dado un plazo de 30 días al Estado para que presente sus alegaciones. Tras este período, el Gobierno de Canarias se reserva el derecho de iniciar acciones legales y judiciales que consideren «adecuadas» para obligar al Estado a asumir sus responsabilidades y competencias en la materia.
Un Llamado a la Solidaridad y la Colaboración
Este conflicto legal pone de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación y colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para la gestión de la crisis de menores migrantes no acompañados. Es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de los derechos de estos menores, proporcionando los recursos necesarios para su atención, alojamiento, y protección.
La situación en Canarias es un claro ejemplo de las dificultades que se enfrentan las comunidades autónomas en la gestión de esta problemática. Es imperativo que el Gobierno central responda a las demandas de las comunidades autónomas y trabaje en conjunto para encontrar una solución a largo plazo que garantice la seguridad y el bienestar de los menores migrantes no acompañados. La crisis exige una respuesta integral que no solo atienda las necesidades del presente, sino que también planifique el futuro de estos menores, ofreciéndoles la oportunidad de integrarse en la sociedad y construir un futuro mejor.
