España lidera la oposición a una propuesta de la Comisión Europea que busca reducir drásticamente las cuotas de pesca de anchoa en aguas atlánticas ibéricas. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado la propuesta como «carente de sentido político» y ha criticado la falta de consideración por las consecuencias socioeconómicas que tendría para el sector pesquero español.
Planas ha enfatizado que la reducción del 54% en las cuotas de anchoa podría suponer el cierre de la pesquería para 75 buques en el golfo de Cádiz, dejando a numerosos pescadores sin trabajo y generando un impacto negativo en las economías locales. Esta situación ha generado un fuerte rechazo entre los miembros del Consejo de Pesca, quienes han mostrado su apoyo a España y han expresado su preocupación por las consecuencias de una medida tan drástica.
Un debate sobre el futuro de la pesca en aguas atlánticas ibéricas
La Comisión Europea argumenta que la reducción de las cuotas de anchoa es necesaria para la conservación de la especie, basada en un dictamen del Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM o ICES). Sin embargo, España y otros países como Portugal argumentan que este dictamen no refleja la realidad de la población de anchoa en la zona.
La propuesta de la Comisión busca imponer una condición especial que limita las capturas a 969 toneladas en la parte sur de la zona del TAC, con carácter retroactivo a partir del 1 de julio de 2024. Esta medida ha sido criticada por España y otros países, quienes consideran que se necesitan más estudios científicos para determinar la viabilidad de dicha reducción.
Un llamado a la responsabilidad y la sostenibilidad en la gestión de las cuotas
La Comisión Europea se enfrenta a un reto importante: encontrar un equilibrio entre la conservación de los recursos marinos y la sostenibilidad económica del sector pesquero. La reducción drástica de las cuotas de anchoa sin tener en cuenta las consecuencias sociales y económicas puede generar un impacto negativo en la industria pesquera y en las comunidades costeras.
Es fundamental que la Comisión considere todos los factores involucrados, incluyendo el impacto en el empleo, la economía y la seguridad alimentaria. Es necesario un enfoque equilibrado y responsable que garantice la conservación de las especies marinas sin afectar negativamente la actividad pesquera y las comunidades que dependen de ella.
En este contexto, el apoyo de España y de otros países miembros del Consejo de Pesca a la necesidad de revisar la propuesta de la Comisión es crucial para asegurar una gestión sostenible de los recursos marinos. La Comisión Europea tiene la responsabilidad de encontrar soluciones que promuevan la conservación de las especies sin comprometer la sostenibilidad económica y social del sector pesquero.
