La Ley de Dependencia, promulgada hace casi dos décadas, ha sido un importante avance en la protección social de las personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, un reciente estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales revela preocupantes desigualdades territoriales y recortes presupuestarios que comprometen la efectividad de este sistema de cuidados. Analizaremos en profundidad estos hallazgos y las implicaciones que tienen para el bienestar de los ciudadanos españoles.
El informe expone cómo el Gobierno central ha aumentado su aportación para la Dependencia en un 138% durante el Plan de Choque 2020-2023, mientras que las Comunidades Autónomas solo lo han hecho en un 9%. Esto ha derivado en una acusada desigualdad territorial, con algunas regiones disminuyendo incluso su gasto en este ámbito. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de repensar el modelo de financiación y gobernanza del sistema de atención a la dependencia en España.
RECORTES PRESUPUESTARIOS EN ALGUNAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Según el estudio, Castilla y León, Galicia y Aragón han reducido el gasto en atención a la dependencia durante el Plan de Choque 2020-2023. Especialmente preocupante es el caso de Galicia, la región con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16% frente a la media nacional del 23%).
Estas reducciones presupuestarias han «limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque», según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Esto supone un grave revés para los esfuerzos de garantizar una atención universal y de calidad a las personas en situación de dependencia.
DESIGUALDAD TERRITORIAL EN LA INVERSIÓN POR DEPENDIENTE
El informe también revela una acusada desigualdad territorial en la inversión pública por persona potencialmente dependiente. Mientras que regiones como País Vasco, Extremadura y Navarra destinan más de 2.400 euros por dependiente, otras como Galicia, Canarias y Murcia invierten menos de 1.600 euros.
Estas diferencias se acentúan aún más cuando analizamos el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal. Mientras que en País Vasco, Navarra y Extremadura las Comunidades Autónomas aportan más del 78% del presupuesto, en Galicia, La Rioja, Andalucía y Castilla y León esta cifra desciende hasta el 59-63%.
Estas disparidades territoriales suponen una grave amenaza a la equidad en el acceso y calidad de los servicios de atención a la dependencia. Urge establecer mecanismos de coordinación y compensación entre Administraciones para garantizar unos estándares mínimos en todo el territorio nacional.
UN SISTEMA DE CUIDADOS INEFICAZ E INJUSTO
Ante esta situación, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha denunciado el «incumplimiento de las Administraciones Públicas que han convertido derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel». Cifran en 292.792 las personas que se encuentran en listas de espera y recuerdan que cada 15 minutos fallece una persona «en el laberinto burocrático de la Ley».
Estos datos revelan un sistema de cuidados ineficaz e injusto, que deja desprotegidas a miles de personas vulnerables. La Ley de Dependencia fue concebida como un pilar fundamental del Estado de Bienestar, pero las desigualdades territoriales, los recortes presupuestarios y la lentitud burocrática han socavado su efectividad.
Es imperativo que las Administraciones Públicas, tanto a nivel central como autonómico, asuman su responsabilidad y realicen los ajustes necesarios para garantizar una atención universal, equitativa y de calidad a las personas en situación de dependencia. Solo así podremos honrar el espíritu de la Ley y cumplir con el compromiso de velar por el bienestar de todos los ciudadanos.
