El debate sobre la Ley de Amnistía en el Tribunal Constitucional (TC) se intensifica con una serie de recusaciones contra uno de sus magistrados. La Abogacía del Estado ha presentado una batería de recursos contra el magistrado conservador José María Macías, con el objetivo de apartarlo del análisis de la polémica ley.
Motivos de las recusaciones
Las dudas sobre la imparcialidad de Macías surgen de su anterior cargo como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Durante su etapa en el CGPJ, Macías se mostró públicamente en contra de la amnistía, participando en la redacción y votación de dos documentos institucionales que rechazaban esta medida.
Estos documentos, una declaración emitida antes de conocerse el texto de la ley y un informe solicitado por el Senado, evidenciarían una postura preconcebida sobre la cuestión, lo que ha llevado a la Abogacía del Estado a solicitar su recusación en un total de 20 asuntos relacionados con la amnistía que se encuentran en el TC.
Esta iniciativa se suma a la recusación previa del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien también argumentó la falta de imparcialidad de Macías basándose en su postura en el CGPJ. A estas peticiones, se añaden las recusaciones presentadas por el ex presidente catalán Carles Puigdemont, quien también cuestiona la neutralidad del magistrado.
Un debate marcado por la recusación
La Ley de Amnistía, una de las principales exigencias de los partidos independentistas para la investidura, se enfrenta a un complejo proceso judicial. La posibilidad de que un magistrado con una postura previa tan definida participe en la decisión sobre la constitucionalidad de la ley ha generado una gran controversia y ha puesto en el foco la importancia de la imparcialidad en el TC.
Este caso recuerda la abstención del ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien se apartó de la cuestión por haber calificado la amnistía como «claramente inconstitucional» durante su etapa en el Gobierno.
Las recusaciones a Macías serán estudiadas por el Pleno del TC, que deberá decidir si admite o no las peticiones. La decisión final del Tribunal sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía tendrá una gran trascendencia política y jurídica, y se espera con gran expectación.
