La Audiencia de Valladolid se enfrenta a un caso singular: un funcionario público de la Junta de Castilla y León está acusado de manipular la declaración de la renta de una mujer con quien mantenía una relación deteriorada. Este caso, que se desarrolla en el marco de un juicio que comienza este lunes, pone de manifiesto los límites éticos y legales de las relaciones personales y profesionales en el ámbito público.
El acusado, David R.A, trabajaba como jefe de Sección de Control Tributario en el Servicio Territorial de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta en Palencia. En 2021, durante la campaña de la Renta, aprovechó su posición privilegiada para elaborar una declaración de la renta ficticia en nombre de una mujer con quien había tenido una relación de amistad que se había deteriorado debido a la ruptura total de la amistad motivada por las desavenencias entre la mujer y la pareja del acusado.
Un acto de venganza con consecuencias legales
El fiscal sostiene que David R.A, motivado por un supuesto afán de venganza, elaboró una declaración de ampliación del ejercicio de 2020 sin conocimiento de la víctima, manipulando los datos para que ésta tuviera que pagar 4.062 euros al fisco, cuando en realidad le correspondía una devolución de 43,52 euros.
Para llevar a cabo su plan, el funcionario accedió al sistema de la Agencia Tributaria utilizando el ordenador de su puesto de trabajo. Se conectó a la página web el 10 de junio de 2021 y, con la información personal de la víctima, incluyendo su copia del DNI y otros datos, envió la declaración fraudulenta.
La víctima se percató del engaño cuando, el 30 de junio, se le cargó en su cuenta bancaria la cantidad de 4.494,50 euros, la suma de la supuesta deuda tributaria y la devolución que le correspondía. Finalmente, tras una reclamación por parte de la víctima, la Agencia Tributaria reintegró las cantidades indebidamente cobradas.
La gravedad de los cargos y las posibles consecuencias
El fiscal acusa a David R.A de un delito contra la intimidad, el derecho a la propia imagen e inviolabilidad del domicilio y un delito de falsedad en documento oficial, y solicita una condena de cuatro años y medio de cárcel y su inhabilitación absoluta por espacio de siete años.
Este caso, además de las consecuencias legales que pueda acarrear para el acusado, plantea un debate sobre la ética profesional en el ámbito público y las posibles consecuencias de las relaciones personales en el entorno laboral. La justicia deberá determinar la veracidad de los hechos y las posibles responsabilidades que se derivan de ellos.
