Susana García-Cereceda, propietaria de la urbanización de lujo ‘La Finca’, ha admitido que contrató al comisario José Manuel Villarejo para espiar a su familia en la disputa por la herencia de su padre, así que finalmente la Fiscalía Anticorrupción ha rebajado su petición de condena para ella de 16 años y 10 meses a menos de dos años.
García-Cereceda está acusada de delitos de cohecho activo cometido por particular, descubrimiento de secretos de empresa y descubrimiento y revelación de secretos de particulares relacionados con su vida sexual en grado de tentativa. A esto suma una multa que asciende a aproximadamente 124.000 euros.
Tras la conclusión de la investigación de la pieza 3, denominada ‘Land’, del ‘caso Villarejo y el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, la propietaria de ‘La Finca’ ha decidido colaborar y confesar los hechos, según ha adelantado ‘Vanity Fair’ y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
García-Cereceda no es la única de los acusados en esta pieza de la macrocausa que se instruye en la Audiencia Nacional que ha decidido dar el paso y admitir el encargo al comisario en 2013 a sabiendas de que entonces aún era policía en activo y podía utilizar medios públicos para sus espionajes. Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas no han adelantado más conformidades.
En esta pieza ‘Land’ se han investigado las actuaciones del comisario en torno a la promotora Procisa. Dos de los investigados, Francisco Peñalver y Susana García-Cereceda, promotores de la urbanización de lujo ‘La Finca’, así como su responsable de seguridad, David Fernández, contrataron los servicios del entonces comisario en activo para recabar información sobre en qué situación había quedado la inmobiliaria tras la muerte de su presidente.
CASI 39 AÑOS DE CÁRCEL PARA VILLAREJO
La Fiscalía Anticorrupción pide para Villarejo por esta pieza 38 años y 10 meses de cárcel y multa de 252.000 euros. También están acusados el que fuera su socio en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo, el comisario Enrique García Castaño, aparte de los responsables de ‘La Finca’ ya mencionados, por un delito continuado de cohecho, múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos, y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Los hechos que motivaron la causa nacen de la crisis que sufrió Procisa con motivo de diferentes procedimientos judiciales. Tanto García-Cereceda como Peñalver y Fernández querían averiguar la situación del resto de los herederos del grupo, y por eso contrataron al Grupo Cenyt, que es el entramado empresarial detrás del cual operaba el comisario Villarejo, según la investigación.
El encargo de esas averiguaciones recae en Villarejo y en su socio Rafael Redondo, y el juez apuntaba que los servicios contratados iban más allá de un estudio sobre la rentabilidad de la empresa Procisa, ya que de los materiales intervenidos en los registros de los domicilios de Redondo y de Villarejo se desprende que hubo conversaciones en las que el comisario facilitaba información a los contratantes «sobre la vida privada» de Yolanda García-Cereceda, hermana de la acusada, su marido Jaime Ostos, el arquitecto Joaquín Torres o Silvia Gómez Cuétara, última mujer del fundador de ‘La Finca’.
El comisario recabó información sobre los teléfonos que utilizaban, con quién hablaban o con qué personas se relacionaban. Y el juez apunta que los contratantes de Villarejo tenían conocimiento de «los medios espurios» usados por el comisario, a tenor de las conversaciones entre ellos.
Además, señala que de lo incautado en los registros policiales en el marco de la pieza principal del caso ‘Tándem’ se constata que tanto Villarejo como su socio ofertaron a sus clientes un servicio dirigido a solventar una situación de crisis, «que incluía la obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado» como tráfico de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social.
