La entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, que establece un nuevo registro de viajeros, ha generado una ola de preocupación en el sector turístico español. Esta norma, que entrará en vigor en octubre, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de las principales patronales del sector, así como por el Consejo de Turismo de la CEOE.
Las empresas turísticas españolas consideran que la aplicación del nuevo registro de viajeros no solo es un obstáculo para la recuperación del sector, sino que también pone en riesgo su competitividad en el mercado internacional. La normativa ha sido calificada de «imposible cumplimiento» por las patronales, debido a la complejidad de su implementación y a la falta de claridad en su aplicación.
Un decreto que genera incertidumbre y dificultades para las empresas turísticas
El nuevo decreto exige a las agencias de viajes la recopilación de una serie de datos personales de los viajeros antes de la prestación de los servicios, lo que supone una importante carga administrativa para las empresas. Además, la plataforma del registro no está plenamente operativa, lo que genera incertidumbre jurídica y aumenta la probabilidad de riesgos operativos y reputacionales para las empresas.
Las empresas turísticas consideran que el nuevo registro de viajeros es incompatible con la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos y privacidad. Argumentan que no se respetan los principios de proporcionalidad y minimización, y que la norma implica una injerencia significativa en los derechos de privacidad de los turistas.
Preocupación globalizada: un problema que trasciende las fronteras españolas
La preocupación por la aplicación del nuevo registro de viajeros no se limita al territorio español. En países como Bélgica y Países Bajos, las agencias de viajes y operadores turísticos también se encuentran alarmados por la falta de claridad sobre cómo manejar la nueva información requerida y cómo se garantizará la privacidad de los turistas.
Las principales patronales turísticas europeas han expresado su «oposición, alarma y desconcierto» ante la inminente entrada en vigor del Real Decreto 933/2021. Consideran que la normativa elevará los costes al sector y se traducirá en un incremento del precio de las vacaciones, lo que podría afectar negativamente la competitividad del turismo europeo en el mercado global.
El sector turístico español exige una revisión del decreto para alinearlo con las normativas europeas sobre protección de datos y derechos fundamentales. Asimismo, solicita que se adapte a la realidad operativa del sector, evitando desventajas competitivas para las empresas españolas. La falta de una solución rápida y efectiva podría tener consecuencias negativas para el sector turístico español, que aún se encuentra en proceso de recuperación tras la crisis sanitaria.
