El Gobierno de Pedro Sánchez se prepara para una reforma integral del Código Penal que en algunos de sus aspectos ya está generando fricciones entre socios de gobierno. SUMAR ha anunciado que uno de los delitos en los que se cambiará la legislación será el de injurias a la Corona. Desde la formación de Yolanda Díaz afirman que el objetivo es cumplir con tres sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que afectaban a la justicia española por este asunto.
Uno de los tres fallos del TDEH tiene como protagonista a Arnaldo Otegi que fue condenado por llamar al Rey Felipe VI «responsable de los torturadores». Otro, es referido a una sentencia contra dos independentistas catalanes que quemaron en público una foto del Rey Juan Carlos I. En la resolución contra el líder abertzale, Europa condenó a España a pagar 23.000 euros a Otegi por vulnerar su derecho a la libertad de expresión cuando se le impuso un año de prisión.
En el caso de Otegi el TEDH señalaba que la inviolabilidad del Rey que recoge la Constitución española no debe impedir que la figura del monarca sea objeto de «libre debate» o que se le pueda achacar una «responsabilidad simbólica» en tanto en cuanto es el Jefe del Estado.
Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez se plantea una reforma de este delito junto con el de ofensas a los sentimientos religiosos. Un cambio legislativo que prevé un nuevo enfrentamiento con SUMAR. Conviene recordar que las condenas por injurias contra la Corona se vieron agravadas con la reforma del Código Penal llevada a cabo por otro Ejecutivo socialista. Fue en 1995 y ocupaba la cartera de interior Juan Alberto Belloch.
UNA PROSTITUTA EN EL TRONO
Diecisiete países de nuestro entorno protegen de forma más o menos estricta la figura del Jefe del Estado, real o republicano. Pero con las Corona la cosa es más complicada. Más allá del hombre o mujer que encarna la Jefatura del Estado hablamos de instituciones con varios miembros.
En los países de nuestro entorno cuatro son los más similares a España en ese aspecto: Dinamarca, Suecia, Bélgica y Holanda. En Suecia, por ejemplo, el capítulo 18 de su Código Penal, contempla penas para aquel ciudadano que «cometa un delito que implique una ofensa contra el Rey u otro miembro de la Casa Real, o de una persona desempeñando las funciones del Jefe de Estado como regente, puede ser condenado a prisión». Sin embargo, la prensa del país escandinavo no se ha caracterizado por ser especialmente complaciente con su corona. La vida sentimental, y los consiguientes escándalos privados, de los miembros de la realeza sueca son un tema habitual en la prensa.
Otro país nórdico, Dinamarca, también tiene una ley específica para este tipo de delitos. A pesar de ello la costumbre es que acabe primando el derecho a la información y la libertad de expresión. Recientemente se ha comprobado con la escandalera mediática de las visitas del hoy Rey Federico a España. Un escándalo que provocó la abdicación de Margarita II.
Claro que lo más llamativo se vivió en 2007 cuando la revista Se og Hor coló en estancias privadas del palacio real y de la sede del Parlamento a una prostituta que posó en todos estos lugares prácticamente desnuda. Llegó a tumbarse de forma provocativa en el trono. Una prostituta en el trono fue el titular de la revista.
Aunque la Casa Real danesa protestó y algunos políticos también, la revista afirmó que lo que pretendía era destapar los errores de seguridad. Hubo mucha polémica, pero no ocurrió nada. En el país entendían que la libertad de expresión era un bien mucho más arraigado que una norma de protección a la corona.
LA DETENCIÓN QUE ESCANDALIZÓ A HOLANDA
En Bélgica el delito de ‘lesa majestad’ sigue vigente desde 1847. Está prohibido criticar en público a la figura del Rey. Sin embargo, sólo la persona que ostenta la corona es intocable. El resto de la familia real está exento.
En Países Bajos este asunto en los últimos años ha generado un importante debate político. El 1 de enero de 2020 se rebajó la penalización de los delitos de ‘lesa majestad’. Se equiparó desde entonces el insulto a miembros de a la corona con el insulto a cualquier funcionario público.
Durante años se dieron casos que abrieron este debate en la sociedad neerlandesa. En 2007 un redactor de la revista Spunk fue detenido por llevar una camiseta en la calle que llevaba escrito el mensaje «la reina Beatriz es una puta». Si proceso judicial recibió una amplia cobertura mediática, máxime cuando una semana antes de la detención del periodista un ciudadano fue multado con 400 euros por insultar a la reina en público.
Gran parte de la sociedad se mostró a favor del periodista como pasaría unos años después cuando un activista fue condenado por insultar al ya rey Guillermo en una manifestación. Esto llevó a que los partidos políticos se pusieran de acuerdo en el cambio legislativo de enero de 2020.
Claro que dentro de las monarquías europeas la más dura en su legislación con respecto a injurias es Mónaco. Un caso aparte al ser un Principado con rango de Estado. El Código Penal del principado recoge que si el delito se comete en público hay penas de prisión que pueden ir de seis a cinco años. Las más altas son si el destinatario de la injuria es el Príncipe.
