La crisis de los menores migrantes no acompañados en Canarias ha sido un desafío constante para las autoridades de la región. Ante la preocupante situación, la Diputación del Común ha anunciado la apertura de una investigación de oficio para supervisar la acogida de estos jóvenes, una vez que el nuevo protocolo puesto en marcha por el Gobierno de Canarias ha sido recurrido ante el TSJC por la Fiscalía Superior de Canarias.
La Diputada, Dolores Padrón, afirma que el número de menores no acompañados en Canarias «supera» la capacidad de atención, tanto en lo inmediato como en lo integral, ya que la situación de emergencia se ha prolongado en el tiempo, lo que ha propiciado la necesidad de autorizar el uso de espacios residenciales y recursos excepcionales para atender las necesidades básicas de estos jóvenes.
La Necesidad de Coordinar Esfuerzos entre Administraciones
En este contexto, la Diputación del Común considera «precisa la adopción de medidas que garanticen una adecuada atención» a estos menores, lo que implica «recordar los deberes legales establecidos en la normativa de aplicación, en materia de protección de menores», sin perjuicio de los protocolos que puedan establecerse para una leal cooperación y colaboración entre las administraciones competentes, con el fin de garantizar la eficiencia en la gestión y la igualdad en el ejercicio de los derechos.
La Diputada recuerda también que, en julio de 2024, el Defensor del Pueblo propuso medidas que implican «la necesaria coordinación entre las administraciones y la coherencia en sus intervenciones», tanto respecto a los menores con necesidades de protección internacional como a aquellos que se encuentran bajo la tutela de la entidad pública de protección, sin documentar y próximos a cumplir la mayoría de edad.
Primando el Enfoque de Infancia sobre la Condición de Inmigrante
Padrón insiste en que las defensorías del pueblo deben «garantizar que las actuaciones de las distintas administraciones públicas, con responsabilidad en la atención a personas menores de edad, respondan a su interés superior, primando en todo caso el enfoque de infancia respecto a la condición de inmigrante, en cumplimiento de la normativa de aplicación en materia de protección de menores».
La Diputada también señala que le «preocupa» la salvaguarda de los derechos de las personas menores extranjeras no acompañadas y cómo se va a articular la coordinación entre la Administración General del Estado, la Fiscalía y la Comunidad Autónoma para el cumplimiento de sus respectivas competencias, a fin de garantizar la atención y la adopción de todas aquellas medidas que aseguren la protección y asistencia en situación de desprotección con enfoque de infancia.
Finalmente, la Diputación del Común solicita a las autoridades competentes que les informen sobre cómo se va a materializar esta coordinación en cada una de las islas que conforman el archipiélago canario, y qué medios arbitrados se han dispuesto para garantizar la atención y protección de estos menores con un enfoque de infancia ajustado a la realidad de cada isla.
