La fragmentación regulatoria en el sector del comercio minorista en España ha sido objeto de un exhaustivo análisis por parte de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged). Este estudio, que cuenta con la participación de gigantes del sector como El Corte Inglés, Ikea y Carrefour, ha puesto de manifiesto las diversas problemáticas que enfrentan las grandes superficies comerciales en diferentes comunidades autónomas. El informe destaca cómo la falta de unidad en las normativas autonómicas genera un impacto significativo en la operatividad y competitividad de estas empresas.
En un momento en que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado una iniciativa para impulsar la Unidad de Mercado a través del denominado ‘Régimen 18’, este estudio cobra especial relevancia. La investigación de Anged no solo expone las dificultades actuales, sino que también se alinea con las observaciones realizadas por Enrico Letta en su análisis sobre la Unidad de Mercado en la Unión Europea. Letta hace hincapié en la necesidad de prestar atención al comercio minorista, un sector donde la voluntad política para una mayor integración es escasa y donde el proteccionismo localizado obstaculiza la entrada al mercado, inhibe la competencia y, en última instancia, perjudica tanto a nuevos productores como a los consumidores.
Gravámenes específicos y su impacto en grandes superficies
El informe de Anged revela que cinco comunidades autónomas han implementado un tributo específico para los grandes establecimientos comerciales. Estas regiones son la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Navarra y Asturias. Este gravamen supone una carga adicional para las grandes superficies, que ya enfrentan múltiples desafíos en un mercado cada vez más competitivo y digitalizado.
La imposición de estos tributos específicos no solo afecta a la rentabilidad de las empresas, sino que también puede tener repercusiones en la inversión y el desarrollo económico de estas regiones. Las grandes superficies comerciales a menudo actúan como motores económicos locales, generando empleo y atrayendo a consumidores de áreas circundantes. Sin embargo, la carga fiscal adicional podría desincentivar la expansión o incluso llevar a algunas empresas a reconsiderar su presencia en estas comunidades autónomas.
Además, este tipo de medidas fiscales diferenciadas entre regiones contribuye a la fragmentación del mercado nacional, creando desigualdades en las condiciones de competencia para las empresas dependiendo de su ubicación geográfica. Esta situación no solo afecta a las grandes superficies, sino que también puede tener un impacto indirecto en los consumidores, que podrían enfrentarse a precios más altos o una menor variedad de productos como resultado de estas políticas fiscales dispares.
Restricciones promocionales y competencia digital
Uno de los aspectos más preocupantes destacados en el informe de Anged es la existencia de restricciones a las promociones en once comunidades autónomas. Estas limitaciones ponen en desventaja a las grandes superficies frente a las plataformas digitales, que basan gran parte de su modelo de negocio en agresivas campañas promocionales.
En la era del comercio electrónico, donde los consumidores están cada vez más habituados a ofertas y descuentos constantes, estas restricciones pueden suponer un obstáculo significativo para la competitividad de las tiendas físicas. Las grandes superficies se ven así limitadas en su capacidad para atraer clientes y competir en igualdad de condiciones con los gigantes del e-commerce, que no están sujetos a las mismas regulaciones territoriales.
Esta situación no solo afecta a las empresas, sino que también puede tener un impacto negativo en los consumidores. Las restricciones promocionales pueden resultar en menos oportunidades de ahorro y una reducción de la competencia efectiva en el mercado, lo que a largo plazo podría traducirse en precios más altos y una menor variedad de opciones para los compradores.
Barreras administrativas para la expansión comercial
El informe de Anged también pone de manifiesto las dificultades que enfrentan las grandes superficies a la hora de abrir nuevos establecimientos. El proceso para la apertura de una nueva tienda de grandes dimensiones sigue siendo lento y complejo desde el punto de vista administrativo, lo que supone una intervención de facto en la configuración de la oferta comercial.
Estas barreras administrativas pueden tener un efecto disuasorio en la expansión de las grandes superficies, limitando su capacidad para crecer y adaptarse a las cambiantes demandas del mercado. La complejidad y lentitud de los procesos burocráticos no solo retrasa la apertura de nuevos establecimientos, sino que también puede incrementar los costos asociados a la expansión, haciendo que algunos proyectos dejen de ser económicamente viables.
Además, estas restricciones pueden tener un impacto negativo en la creación de empleo y el desarrollo económico local. La apertura de una gran superficie comercial suele ir acompañada de una importante inversión en infraestructura y la creación de numerosos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Al obstaculizar estos procesos, las comunidades autónomas podrían estar perdiendo oportunidades de crecimiento económico y mejora del bienestar de sus ciudadanos.
