En un contexto de creciente tensión diplomática entre España y Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro ha exigido al Ejecutivo español una rectificación y un rechazo contundente al terrorismo tras la detención de dos ciudadanos españoles presuntamente implicados en un complot terrorista. Estas acusaciones han sido motivo de un acalorado intercambio entre ambos países, poniendo en evidencia la fragilidad de las relaciones bilaterales.
El canciller venezolano, Yván Gil, ha trasladado directamente esta demanda al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, en una conversación telefónica. Gil ha sido claro en su posición, insistiendo en que las autoridades venezolanas han desmantelado «un plan terrorista» con implicados de origen español y vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español. Sin embargo, Albares ha negado rotundamente cualquier vinculación de los detenidos con organismos públicos españoles, incluyendo el propio CNI.
El Reclamo de Venezuela: Rectificación y Condena del Terrorismo
El Gobierno de Venezuela, a través de su canciller Yván Gil, ha exigido al Ejecutivo español una rectificación inmediata y una condena sin ambigüedades del terrorismo. Gil ha señalado que Venezuela no tolerará una escalada de agresiones e injerencias desde España, país que, según el Gobierno venezolano, se ha convertido en un refugio de terroristas y delincuentes vinculados al fascismo en el país sudamericano.
En este sentido, el canciller venezolano ha advertido que el desconocimiento de las instituciones constitucionales es una línea roja para el Gobierno de Maduro, y ha dejado claro que un «Guaidó 2.0» también fracasará. Asimismo, ha recalcado que Venezuela está lista para tomar acciones que resguarden su soberanía, actuando bajo los principios de la justicia, el respeto del Derecho Internacional, los Derechos Humanos y la diplomacia de paz.
La Posición Española: Negación de Vínculos y Solicitud de Información
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha informado que siguen sin tener confirmación ni de la identidad ni del sitio de localización ni de los cargos contra los dos ciudadanos españoles detenidos en Venezuela. Albares ha vuelto a negar que estos dos ciudadanos tengan «vinculación alguna con ningún organismo público español, mucho menos con el CNI».
La posición de España se basa en la solicitud de información y transparencia por parte de las autoridades venezolanas sobre la detención de estos ciudadanos. Albares ha insistido en que el Gobierno español desconoce los detalles del caso y ha reclamado a Venezuela que respete los derechos y garantías de los dos detenidos.
En conclusión, la detención de los dos españoles en Venezuela ha desencadenado una escalada de tensión diplomática entre ambos países, con posturas enfrentadas y acusaciones cruzadas. Mientras Venezuela exige una rectificación y condena del terrorismo, España niega cualquier vínculo de los detenidos con organismos públicos y reclama información y transparencia sobre el caso.
