En un giro inesperado para la política medioambiental de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital española. Esta decisión, que ha sacudido los cimientos de la estrategia municipal para combatir la contaminación atmosférica, se fundamenta principalmente en la «patente insuficiencia del informe de impacto económico» de las medidas adoptadas en la Ordenanza municipal.
La resolución, emanada de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, deja sin efecto diversos preceptos de la Ordenanza 10/2021, del 13 de septiembre, que modificaba la Ordenanza de Movilidad Sostenible del 5 de octubre de 2018. Esta sentencia no solo afecta a la definición del ámbito de la ZBE en todo el municipio de Madrid, sino que también anula el establecimiento de las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) del «Distrito Centro» y «Plaza Elíptica», manteniendo, sin embargo, el resto del articulado de la ordenanza.
El impacto económico: La piedra angular de la decisión judicial
El tribunal ha puesto de manifiesto la crucial importancia de considerar las consecuencias económicas de las medidas ambientales. La sentencia subraya que, si bien no se cuestiona la potestad del Ayuntamiento para implementar medidas que protejan la salud y el medio ambiente, es imperativo realizar una ponderación adecuada entre los beneficios y los costes de dichas medidas.
La falta de un análisis exhaustivo sobre el impacto económico de las restricciones ha sido un factor determinante en la decisión del TSJM. Los magistrados han señalado que no se evaluó adecuadamente cómo estas medidas afectarían a los colectivos más vulnerables económicamente, quienes podrían verse significativamente limitados en su capacidad para adquirir vehículos que cumplan con las nuevas exigencias ambientales.
Además, la sentencia hace hincapié en la ausencia de consideración hacia los miles de vehículos profesionales afectados por las restricciones. Este aspecto es particularmente relevante dado su impacto directo en las condiciones de competencia y mercado, especialmente para autónomos, microempresas y pymes, cuya capacidad para renovar su flota de vehículos puede ser limitada.
El principio de transición justa y la proporcionalidad de las medidas
Un aspecto fundamental destacado en la sentencia es la falta de aplicación del «principio de transición justa«, consagrado en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. Este principio enfatiza la necesidad de establecer planes y medidas que consideren las situaciones de vulnerabilidad de ciertos colectivos, ofreciendo apoyo durante el proceso de transición hacia una economía más sostenible.
La resolución judicial subraya la importancia de respetar el principio de proporcionalidad en materia ambiental, siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo español. Esto implica que las medidas restrictivas deben ser necesarias y proporcionales, equilibrando los objetivos medioambientales con su impacto socioeconómico.
Los magistrados han criticado que no se hayan tenido en cuenta las importantes consecuencias económicas para un sector significativo de la población, especialmente aquellos con menor capacidad económica. Asimismo, señalan que no se consideró adecuadamente la incidencia de estas medidas en la actividad de las empresas, particularmente en las más pequeñas del mercado.
Implicaciones futuras y posibles recursos
Esta decisión del TSJM marca un precedente importante en la implementación de políticas medioambientales urbanas. Aunque la sentencia no cuestiona la necesidad de adoptar medidas para controlar la contaminación atmosférica, sí exige un enfoque más holístico que considere tanto los aspectos ambientales como los socioeconómicos.
Es importante destacar que esta resolución aún no es firme. El Ayuntamiento de Madrid tiene la posibilidad de interponer un recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, competente en asuntos de naturaleza contencioso-administrativa. Este potencial recurso podría abrir un nuevo capítulo en el debate sobre cómo equilibrar las políticas de sostenibilidad ambiental con las realidades económicas de los ciudadanos y las empresas.
La anulación de las Zonas de Bajas Emisiones en Madrid plantea un desafío significativo para las autoridades municipales. Deberán reevaluar su estrategia de reducción de emisiones, asegurándose de que futuros planes incluyan un análisis exhaustivo del impacto económico y medidas de apoyo para los sectores más vulnerables. Este caso subraya la complejidad de implementar políticas ambientales en entornos urbanos y la necesidad de un enfoque equilibrado que considere tanto la salud pública como la viabilidad económica de todos los sectores de la sociedad.
