Tres años y tres meses. Esa es la condena a Josep Santacana, todavía marido de Arantxa Sánchez Vicario, por un delito de alzamiento de bienes para evitar pagar la deuda de 7’5 millones contraída con el Banco de Luxemburgo. La Audiencia Provincial de Barcelona confirmada hace unos días la sentencia del Juzgado de lo Penal Nº 25 de la ciudad condal y desestimaba así el recurso presentado por la defensa de Santacana.
Con todo, el todavía marido de la laureada tenista, ha anunciado a los medios que sigue manteniendo su postura y que presentará un nuevo recurso a una instancia superior. «Vamos a recurrir totalmente. La Audiencia no ha aportado nada nuevo y vamos al Supremo», confesaba hace unos días a Vanitatis.
Santacana y su defensa insisten así en sus alegaciones que ya presentaron en el recurso ante la Provincial cuando se supo la sentencia condenatoria en enero de 2024. La defensa del empresario catalán mantiene que se vio vulnerado su derecho a la defensa y que no fue un procedimiento garantista a causa del acuerdo entre la acusación particular y la Fiscalía con su todavía mujer, que siempre ha mantenido que fue el catalán el responsable de gestionar su fortuna.
Por su parte, Juan Segarra, el abogado de Santacana, se explayaba en La Vanguardia: «Josep se lo ha tomado con indignación. No lo entiende. Ni yo, pues era un recurso muy bien fundamentado y que no se haya estimado ninguno de sus razonamientos… Cuesta entenderlo. Josep cree que la opinión pública va contra él y todo sigue esa corriente. Vamos a recurrir en casación al Tribunal Supremo y con los mismos puntos del recurso de apelación, porque si una cosa extraemos de esta sentencia es que es muy pobre en la argumentación. De veras. No aporta ningún argumento complementario o más específico que la sentencia del Juzgado de lo Penal para rebatir nuestro recurso, un escrito de 56 folios que el tribunal despacha en menos de 20. No es frecuente. Y me lleva a pensar que si una sentencia no entra en el detalle de los argumentos es porque tiene dificultades para rebatir el recurso y dar una respuesta sólida. Es más fácil pasar superficialmente».
Lo cierto es que, sólo un día antes de iniciarse el polémico juicio en septiembre de 2023, la tenista sorprendió a todos al conocer que había llegado un pacto con la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona aceptando dos años de prisión y una mula de dos millones de euros. Un pacto que también aprobó la acusación particular, el Banco de Luxemburgo.
EL ORIGEN DE TODOS LOS PROBLEMAS
Los problemas judiciales de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana se remontan a muchos años atrás. En concreto a 2009, un año después de la que la pareja con su enlace se convirtieran en protagonistas de la prensa del corazón. Fue ese año el Tribunal Supremo hacía firma la sentencia de la Audiencia Nacional contra Arantxa por evasión fiscal. Una multa que se cifraba en 5’2 millones de euros.
Para hacer frente a la multa, la catalana recurrió un aval del Banco de Sabadell. La entidad financiera consiguió recuperar el dinero mediante un contraaval con el Banco de Luxemburgo, donde Arantxa guardaba desde hacía décadas su fortuna. Eran los años en los que las cuentas de la ganadora de Roland Garros eran gestionadas por IMG (International Magement Group) con sede en Los Ángeles.
En mayo de 2010 el Banco de Luxemburgo exigió a la española el dinero del contraaval, pero, según la versión de la entidad financiera, los 16 millones de euros que Sánchez Vicario tenía allí habían desaparecido.
Tras varios intentos por cobrar, el Banco de Luxemburgo presentó una querella por desprendimiento de patrimonio contra Arantxa y sus gestores para recuperar su dinero. Un proceso que se ha visto alargado en el tiempo hasta este 2024. Sánchez Vicario y Santacana mantuvieron durante sus años de matrimonio la misma versión: echar la culpa de todo al fallecido padre de la tenista, Emilio Sánchez. En noviembre de 2017 afirmaron que él dirigió el proceso de descapitalización vendiendo todas las propiedades para pagar deudas. Sin embargo, ocho años antes, en noviembre de 2009 la tenista revocó ante notario los poderes que ostentaba su padre y su administrador, Ferrando Lacasa.
UN DIVORCIO ETERNO
El relato conjunto se rompió cuando se terminó el amor, en 2018. Se abrió así otro complicado horizonte judicial para la tenista, el que tenía que ver con su divorcio. A día de hoy sigue casada legalmente con Josep Santacana.
La tenista intentó que fuera la justicia estadounidense quien determinara su divorcio defendiendo, además, que se había casado en gananciales. Un dato que hizo que desde la Corte de Miami se llamara la atención a la tenista por “acudir con animosidad de mentir” al tribunal, tal y como publicó en su momento El Cierre Digital.
Hoy Santanca y Arantxa siguen casados legalmente pero su futuro inmediato se presenta muy diferente. Ambos viven en Miami, pero el catalán, que espera un hijo de su actual pareja, depende de la decisión del Supremo para entrar o en prisión. Mientras, la tenista intenta pasar lo más desapercibida posible y hará frente a la multa económica que posibilitará que ponga fin a un proceso que empezó hacia muchos años.
