Una de las acusaciones populares en el Caso Koldo, la asociación HazteOir, instruido por el juzgado central número 2 de que investiga la adjudicación de 53 millones de euros en la compra de mascarillas contra el COVID ha pedido la imputación de Francisco Toledo, ex presidente de Puertos del Estado (PE), tras la declaración el pasado 11 de septiembre de Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de PE, como investigado, donde puso de manifiesto que Toledo había rechazado una oferta más barata, en concreto 10 millones de euros más barata, que la ofrecida por Soluciones de Gestión. MONCLOA ofrece este mail con la oferta por la mitad de precio, en concreto por 10 millones de euros menos.
En las declaraciones del propio Toledo, «no puede esta parte obviar un elemento relevante que ha quedado de manifiesto en la declaración del propio Toledo y es el referente a las serias dudas que presentan sus explicaciones respecto a la oferta fechada el 20 de marzo de 2020, por Terraplanet del Sur, S.L. (nombre comercial Grupo Natural Systems Distribuciones), de cuantía mucho menor (1,35 €/unidad, total 8 millones de unidades por 10.800.000 euros) que la ofertada por Soluciones de Gestión SL, y cómo el propio Toledo no ha logrado aclarar de manera taxativa por qué, a pesar de conocer la existencia de dicha oferta, se prosiguió con el plan establecido respecto a Soluciones de Gestión SL, es decir, la contratación de la sociedad investigada».
Efectivamente esa oferta fue trasladada por Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado, a Koldo García Izaguirre, asesor del ministro Ábalos, con el texto «Koldo, esto acaba de entrar por correo electrónico. Nos ofrecen 8 millones, a 1,35 euros, plazo de entrega 7 días. Ya me dices», en un correo fechado el 23 de marzo de 2020.
La oferta, presentada por la empresa Terraplanet, a la que ha tenido acceso MONCLOA, consistía en 8 millones de mascarillas de protección FFP2 (KN95) con válvula de filtrado, producto extracomunitario con marcado CE, con origen en China y a un precio total de 10.800.000 euros, a entregar 7 días después de la formalización del contrato en la aduana del Aeropuerto de Barcelona. Hay que recordar que el primer encargo que realizó Puertos del Estado fue igualmente de 8 millones de mascarillas por 20 millones de euros, el doble de la oferta presentada por la empresa santanderina.
Es más, incluso Puertos del Estado, tal y como recuerda el escrito de la acusación particular, «ante la dificultad de cumplimiento del contrato por Soluciones de Gestión, hubo que hacer un modificado que cambio elementos sustanciales como el plazo de entrega, y más cuando se trataba de un contrato de urgencia por cuanto se necesitaba la inmediata llegada de las mascarillas por cuestiones de salud pública».
Los funcionarios que trabajaban durante la pandemia en Puertos del Estado han declarado ya ante el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, en el mismo sentido: «el pasado miércoles 11 de septiembre tuvo lugar la declaración del Sr. Álvaro Sánchez Manzanares en calidad de investigado. Al responder a las preguntas planteadas por su defensa y por el Ministerio Fiscal, alegó que en algunos momentos se plantearon ciertas reticencias por parte de su equipo sobre la decisión de adjudicar el contrato investigado a Soluciones de Gestión SL, circunstancias que fueron confirmadas en las declaraciones de las Sras. Aránzazu De Miguel Peña y María Belén Caballero Martínez realizadas el viernes 13″. A pesar de esto, Sánchez Manzanares alegó que optó por seguir las directrices marcadas por el ministerio y por decisión de Francisco Toledo Lobo, presidente de PE en aquellos momentos».
Además, Sánchez Manzanares declaró que a pesar de que el plan de vuelos de entrega de mascarillas no se cumplió según lo pactado, tomó la decisión de continuar con el proceso y no resolver el contrato «pudiendo haberlo hecho tal y como el propio Toledo confirmó», según la acusación. Como las mascarillas solo llegaban a Madrid, Puertos del Estado contrató a otra empresa privada, Raminatrans, para las distribución del material por todos sus organismos locales.
KOLDO GARCÍA SUPO DE ESTA OFERTA
La acusación también añade que «en su propia declaración de fecha 13 de septiembre, el Sr. Toledo Lobo (que acudió como testigo) admitió a preguntas de la acusación que, dado su cargo, es el máximo responsable y responde de la legalidad de los contratos, habiéndole sido perfectamente posible no haber firmado el contrato con Soluciones de Gestión SL. Debe así destacarse que, a pesar de la modificación de la oferta, que podría considerarse sustancial, el Sr. Toledo Lobo optó por seguir adelante aunque le hubiese sido perfectamente posible negarse a hacerlo, algo que ha manifestado durante su declaración, refiriendo incluso el plazo temporal del que disponía para ello». La asociación también aduce que es perfectamente posible cambiar el estatus de testigo a investigado, «siendo una posibilidad que el Tribunal Supremo ya ha avalado en repetidas ocasiones».
Además de pedir la imputación de Toledo, HazteOir solicita al juzgado que realice nuevas diligencias de prueba como «que se requiera a Puertos del Estado para que emita certificación de la estructura de tal entidad en marzo de 2020, detallando expresamente 1) la relación de puestos de trabajo, personal y órganos, así como organigrama de Puertos del Estado; 2) descripción de las funciones, facultades y competencias de cada uno de ellos, muy especialmente las del Presidente, Secretaría General, Jefe del Área Jurídica, del Área de Contratación y de la Unidad económico-financiera; 3) indicación de quien ocupaba cada uno de los puestos indicados en el punto 2 a fecha 20 de marzo de 2020».
También han pedido que dado que «la tercera testigo que declaró el pasado viernes 13 de septiembre, doña Aránzazu de Miguel Peña, del servicio de contratación de Puertos del Estado, declaró que hubo algún otro contrato en el que se realizaron pagos anticipados al contratista adjudicatario, por lo que es de interés de esta parte que se acredite la veracidad de tal aserto, solicitando a Puertos del Estado, para que emita certificación, de aquellos contratos en que se procedió al pago anticipado, indicando fecha de adjudicación, importe de adjudicación, así como cuantía y fecha de los eventuales pagos anticipados, y en su caso, si en el expediente administrativo se unió justificación de esa decisión de pago anticipado» y que se acredite formalmente la necesidad de la tramitación de esos contratos por la vía de urgencia.
