El Gobierno de Canarias ha dado un paso significativo en la gestión de la crisis migratoria que afecta al archipiélago, especialmente en lo que respecta a la acogida de menores extranjeros no acompañados. La aprobación de un nuevo protocolo, publicado en el Boletín Oficial de Canarias, marca un antes y un después en el tratamiento de esta compleja situación. Este documento, que desarrolla y adapta el protocolo estatal de 2014, surge como respuesta a la creciente emergencia migratoria que ha llevado al agotamiento de los recursos materiales y personales de acogida en las islas.
La resolución, emitida por la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, tiene como objetivo principal salvaguardar el interés superior del menor, al tiempo que busca poner fin al desorden que ha caracterizado los procesos de acogida hasta ahora. El protocolo establece directrices claras y vinculantes tanto para los trabajadores públicos como para las organizaciones no gubernamentales involucradas en la atención a estos menores. Este enfoque integral pretende abordar las deficiencias detectadas en el sistema actual, garantizando una identificación precisa y un seguimiento adecuado de cada menor desde el momento de su llegada.
Identificación y documentación: Pilares del nuevo protocolo
El nuevo protocolo pone un énfasis especial en la correcta identificación y documentación de los menores migrantes no acompañados. Este proceso se ha vuelto crucial debido a las dificultades experimentadas en el pasado, donde la entrega grupal de menores sin una adecuada identificación individual ha llevado a confusiones y problemas de trazabilidad. El Gobierno de Canarias reconoce que esta situación ha puesto en riesgo la identidad y el seguimiento adecuado de los menores.
Para abordar esta problemática, el protocolo exige que cada menor sea entregado a los servicios de acogida con una documentación individualizada completa. Esto incluye la reseña de identificación, que debe contener una fotografía que permita relacionar al menor con su nombre y datos personales. Además, se requiere la inscripción previa en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), lo que facilitará un seguimiento más efectivo de cada caso.
El protocolo también establece la necesidad de documentar detalladamente las circunstancias de tiempo y lugar en las que el menor fue encontrado por las autoridades estatales. Esta información es considerada de gran relevancia para comprender el contexto de cada caso y proporcionar la atención más adecuada.
Entrevista individualizada y asignación de plaza
Un aspecto fundamental del nuevo protocolo es la realización de una entrevista individualizada a cada menor. Esta entrevista debe llevarse a cabo con la presencia de un intérprete que hable la lengua materna del menor o un idioma que pueda entender con facilidad. La participación del Ministerio Fiscal en este proceso es obligatoria, garantizando así la protección de los derechos del menor en todo momento.
El protocolo establece un procedimiento más riguroso para la asignación de plazas de acogida. Antes de que un menor sea recibido por la Comunidad Autónoma, debe existir una resolución administrativa individualizada de ubicación o asignación emitida por el órgano correspondiente del Estado. Esta medida busca evitar situaciones de ingreso sin plaza disponible, que han sido problemáticas en el pasado.
La recepción física de los menores por parte de la Comunidad Autónoma se realizará en lugares específicos, priorizando las comisarías de la Policía Autonómica de Canarias. En aquellas zonas donde no existan estas instalaciones, se habilitarán espacios adecuados para este fin. Este proceso centralizado permitirá un mejor control y coordinación entre las diferentes entidades involucradas en la acogida de los menores.
Fortalecimiento del sistema de protección
La implementación de este nuevo protocolo representa un esfuerzo significativo por parte del Gobierno de Canarias para fortalecer el sistema de protección de menores migrantes no acompañados. Reconociendo las debilidades que la actual crisis migratoria ha puesto de manifiesto, las autoridades canarias buscan establecer un marco de actuación más robusto y eficiente.
El protocolo no solo aborda las necesidades inmediatas de identificación y acogida, sino que también sienta las bases para un seguimiento a largo plazo más efectivo. La protocolización de las actuaciones de la Comunidad Autónoma y las entidades colaboradoras en la acogida y protección de menores busca estandarizar los procesos y mejorar la calidad de la atención proporcionada.
Este enfoque integral también contempla la colaboración estrecha entre diferentes niveles de la administración pública. La participación del Ministerio Fiscal y la coordinación con las autoridades estatales son elementos clave para garantizar que se respeten los derechos de los menores y se cumpla con la legislación vigente en materia de protección de la infancia.
El Gobierno de Canarias espera que este nuevo protocolo no solo mejore la gestión de la actual crisis migratoria, sino que también sirva como modelo para futuras situaciones similares. La experiencia adquirida en la implementación de estas medidas será invaluable para perfeccionar los mecanismos de respuesta ante los desafíos que plantea la migración de menores no acompañados.
