La asociación Alfonso I ha convocado una manifestación el próximo sábado 28 de septiembre en la zona de la rotonda de Cuatro Caminos de Santander, bajo el lema «Reconquistemos Europa». Esta convocatoria ha generado gran controversia en la ciudad, especialmente debido a su cercanía con el «Galerna Fest», un festival que ha sido calificado por algunos colectivos como «fascista«.
El PSOE de Santander ha solicitado al Ayuntamiento que se establezca un recorrido alternativo para la manifestación, argumentando que «no debería producirse» aunque reconocen que «no se puede prohibir porque prevalece la libertad de expresión como derecho constitucional«. Sin embargo, también han expresado su preocupación por los posibles «problemas de orden público» y «limitaciones de tráfico» que la manifestación podría generar en una zona tan céntrica y concurrida como Cuatro Caminos.
El Papel de las Administraciones Públicas: Equilibrando Derechos y Orden Público
El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha instado a la alcaldesa Gema Igual (PP) a que solicite a la Policía Local un informe sobre la importancia de la rotonda de Cuatro Caminos y las calles aledañas para la circulación fluida en Santander. Con esto, buscan que se establezca un recorrido alternativo para la manifestación, con el objetivo de «evitar problemas de orden público» y permitir que los asistentes puedan «expulsar su odio» sin alterar la vida de la mayoría de los vecinos «tolerantes» y «respetuosos«.
Fernández ha resaltado que las administraciones públicas tienen una «responsabilidad superior» de velar por el «interés general» y por el «respeto a los valores democráticos«, incluso por encima de otros intereses. En sus propias palabras, «todo lo que esté a nuestro alcance para reducir o minimizar las expresiones de odio en nuestra sociedad será poco«, ya que en la actualidad «la democracia está en riesgo«.
El Dilema de la Libertad de Expresión y el Orden Público
La convocatoria de la manifestación de la asociación Alfonso I en Santander ha puesto de manifiesto el delicado equilibrio que deben mantener las autoridades entre el derecho a la libertad de expresión y la necesidad de preservar el orden público y la convivencia ciudadana.
Por un lado, la Constitución Española garantiza el derecho a la libertad de expresión y de manifestación, lo que impide a las administraciones públicas prohibir este tipo de eventos, por polémicos que puedan resultar. Sin embargo, las autoridades también tienen la responsabilidad de velar por la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, evitando que las manifestaciones deriven en altercados o disturbios que puedan afectar a la vida cotidiana de la población.
En este caso, el PSOE de Santander parece buscar un término medio, solicitando un recorrido alternativo para la manifestación que permita a los organizadores ejercer su derecho constitucional, pero sin generar problemas de tráfico o choques con otros eventos programados en la ciudad. De esta forma, se intentaría conciliar los derechos individuales con el interés general, algo que resulta fundamental en una sociedad democrática.
En definitiva, el caso de la manifestación convocada por la asociación Alfonso I en Santander refleja la complejidad a la que se enfrentan las autoridades a la hora de gestionar este tipo de situaciones, donde deben equilibrar cuidadosamente los diferentes intereses en juego y tomar decisiones que preserven tanto la libertad de expresión como el orden público y la convivencia pacífica.
