La justicia española se encuentra en el centro de una polémica que pone de manifiesto las dificultades que enfrentan las víctimas de acoso en el ámbito laboral. Una trabajadora de Granada, quien denunció a su encargado por acoso sexual y laboral, se enfrenta ahora a un juicio por calumnias, con la posibilidad de una condena a dos años de prisión y una multa de 30.000 euros. La situación expone las deficiencias en la protección de los derechos de las víctimas y genera preocupación por el efecto disuasorio que podría tener en futuras denuncias.
La historia comenzó cuando la trabajadora denunció al encargado de su establecimiento hostelero por someterla a reiterados actos vejatorios, incluyendo contenido sexual, durante más de un año. La mujer, que sufrió abusos sexuales y requirió atención médica y psicológica, tuvo que ausentarse de su trabajo. La justicia, sin embargo, no se inclinó a favor de la trabajadora. El encargado fue absuelto por el Juzgado de lo Penal 4 de Granada, al no considerarse que se había desvirtuado la presunción de inocencia, a pesar de que una testigo afirmó haber presenciado cómo el encargado se dirigía a la trabajadora con frases como «eres una inútil, no sirves para nada» o «cada vez tienes el culo más gordo».
La batalla legal continúa: Abogada critica la actuación judicial y presenta caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
La abogada de la trabajadora, María Gallego Cano, ha expresado su descontento con la absolución del encargado, argumentando que la sentencia es inaceptable a la luz de la evidencia presentada. La defensa de la mujer ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que España ha incumplido su deber de proteger el derecho a la integridad psicológica de la trabajadora al no formular la Fiscalía una acusación en su caso.
La demanda también critica la «interpretación excesivamente rigurosa del tipo penal de acoso laboral» en España, que dificulta la protección efectiva de las víctimas y deja impunes las conductas de acoso. La trabajadora ya había acudido al Tribunal Constitucional, pero su recurso de amparo fue inadmitido por no apreciar «especial trascendencia constitucional». La abogada Gallego Cano ha destacado la «peligrosidad» de que este tipo de actuaciones judiciales generen un «efecto disuasorio en la denuncia de las personas que sufren acoso», lo que podría tener graves consecuencias para la lucha contra el acoso laboral.
La denuncia como acto de valentía: Sindicalistas también enfrentan cargos y señalan la responsabilidad del establecimiento
Además de la trabajadora, el secretario general del sindicato CNT-AIT también se enfrenta a cargos por calumnias, por su implicación en la denuncia del acoso y la defensa de los derechos de la trabajadora. El sindicato ha denunciado la actuación judicial como un reflejo de un «sistema patriarcal que ampara el acoso laboral, cuestionando a la trabajadora y reprimiendo la acción sindical». CNT-AIT Granada ha señalado «la responsabilidad» del establecimiento hostelero por mantener al encargado en su puesto «tolerando estas conductas».
Este caso nos recuerda la importancia de proteger a las víctimas de acoso y de asegurar un sistema judicial que garantice la justicia y la protección de los derechos humanos. El juicio por calumnias que enfrenta la trabajadora y el secretario general del sindicato no solo afecta a sus vidas personales, sino que también tiene repercusiones en la lucha por erradicar el acoso en el ámbito laboral. Es crucial que las instituciones y la sociedad en general brinden apoyo a las víctimas y que se fortalezcan los mecanismos de protección contra el acoso para garantizar un entorno laboral seguro y justo.
