David Sánchez Pérez-Castejón, David Azagra, el hermano de Sánchez, presidente del Gobierno y uno de los principales investigados por malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la causa que sigue el Juzgado de Instrucción número 3 Badajoz, ha pedido a la juez instructora que «se recuerde a las representaciones la obligación de no revelar ninguno de los datos, expresiones u opiniones incautadas, con base en lo que impone el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y con las advertencias propias de esa clase de requerimientos».
El letrado del hermano de Pedro Sánchez presentó la semana pasada este escrito en el Juzgado en referencia a «los autos de 9 y 18 de julio», que acordaron «la incautación de correos electrónicos generados por las cuentas corporativas de la Diputación Provincial de Badajoz en el amplio período de tiempo que se dispone por dicho órgano, afectando a nueve personas vinculadas con dicha administración».
El investigado teme que todas las partes procesales personadas en la causa «pueden tener acceso al contenido de dichos correos, previo traslado, en cuanto, por el momento, integran el expediente criminal, afectando a ciudadanos que no ostentan la condición de investigados». Es decir, que se «cuiden» los correos que el hermano de Sánchez haya podido cruzar con otras personas ajenas, de momento, a la causa.
En el escrito el abogado de David Azagra justifica «esta respetuosa reclamación, avalada por el incontestable hecho de la difusión de extremos relativos a estas Diligencias Previas efectuada por determinados medios de comunicación casi a diario, lo que significa que la información judicial está siendo revelada por alguno o algunos de los intervinientes, incluso la incoación de la pieza secreta, investigada previa queja razonada y razonable de la Policía Judicial» y se queja el abogado de que «incluso la documental obrante se reproduce sin merma, con las subjetivas apostillas extrañas al curso material del proceso.
Esta petición junto a varias más llegan después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, haya concluido su pericial sobre los correos incautados en la Diputación de Badajoz y puesto a disposición de la juez Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, sus conclusiones.
Finalmente, los agentes han podido rescatar los correos electrónicos que sospechaban habían sido eliminados por funcionarios de la Diputación justo antes de la intervención de la Guardia Civil. En realidad, no está acreditado que fuesen borrados, o simplemente que la primera copia que hizo la UCO de los correos resultase defectuosa.
Los investigadores de la Guardia Civil lograron acceder a esos correos gracias a la colaboración del Director de Tecnología y Digitalización de la Diputación Provincial de Badajoz, que hizo entrega a la UCO de un dispositivo de almacenamiento digital con un papel pegado con cinta adhesiva con la inscripción «31.12.22; EMAIL’S.
En concreto, la UCO ha recuperado 9 correos de varios altos cargos investigados, entre ellos varios de la cuenta del presidente de la Diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo. Los agentes hicieron una copia de esos mails y depositaron el dispositivo en sede judicial junto con el acta que levantaron.
Durante el primer registro de la Diputación, el 10 de julio, la UCO ya sospechó que faltaban correos electrónicos y por eso la registraron por segunda vez el 18 de julio, pero ahora ya disponen de todos los datos. Uno de esos correos fue precisamente el mail corporativo del hermano de Pedro Sánchez.
La UCO, tras el primer registro, ya mostraba una nueva posible vía de investigación al señalar directamente a tres diputados del PSOE por la colocación ‘a dedo’ del hermano de Pedro Sánchez. Para ello, se requisaron los correos electrónicos de casi una decena de personas vinculadas con la contratación de la Diputación de Badajoz al hermano de Pedro Sánchez. Ahora han recuperado otros nueve.
PLAZA PARA EL HERMANO DE SÁNCHEZ
Si la UCO concluyese que algunos de los aforados regionales, como el presidente de la Diputación y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, están implicados en algún delito las investigaciones tendrían que elevarse al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Por este motivo, la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, abrió una pieza separada que declaró secreta, a la que se refiere el abogado de Sánchez. En este sentido, se busca quién creó y adjudicó la plaza de la Diputación a David Azagra desde el primer momento, así como la autorización del cambio posterior, según la diligencia pedida a la UCO por la juez instructora.
En concreto, la UCO accedió a los correos del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, que ha tratado de negar la mayor en sus intervenciones públicas y que, además, su nombre figura en la querella de Manos Limpias, quien dirige toda la causa para evitar y solucionar las posibles discrepancias y distintos puntos de vista que puedan surgir entre las acusaciones populares.
No solo Gallardo estaría supuestamente tras la creación de la plaza para el hermano de Pedro Sánchez, sino que también habrían participado otras personas para ubicarle al frente de la coordinación de actividades de los conservatorios dependientes de Badajoz, una plaza que se adjudicó el 10 de julio de 2017 tras licitarse apenas tres semanas antes.
ELISA MORIANO, DIRECTORA DE CULTURA, FORMÓ PARTE DE LA COMISIÓN ASESORA ENCARGADA DE ESCOGER LA PERSONA PARA EL PUESTO
En el registro, la UCO apuntó también hacia Elisa Moriano Morales, directora del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación. Según se desprende del informe, fue ella quien habría propuesto la modificación en la Diputación para otorgar el puesto a David Sánchez. Moriano fue también parte de la comisión asesora encargada de escoger a la persona para el puesto. La UCO, además, nombra en sus oficios al jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos, Félix González; y a Manuel Candalija, jefe de Servicio de Actividades Culturales. Posteriormente, tras el segundo registro, los investigadores han examinado más en profundidad el correo corporativo de Cristina Núñez Fernández, delegada del Área de Cultura y concejal socialista de Talavera La Real. De momento, Manos Limpias ha pedido la imputación de Moriano y Núñez por haber manipulado o «borrado» los correos relativos a esa contratación.
TRES DIPUTADOS SOCIALISTAS
No obstante, las investigaciones parecen señalar a tres diputados socialistas en la elección de David Sánchez para ser contratado, en concreto, Francisco Martos, diputado Delgado del área de Cultura y Deportes; la ya mencionada Cristina Núñez Fernández, delegada de Cultura; y a Antonio Garrote, diputado delegado de Recursos Humanos. Este último rubricó las bases de la licitación y el contrato de alta dirección para el hermano del presidente del Gobierno. Pero a esa lista se ha unido ahora Elisa Moriano por las sospechas de los investigadores.
La UCO intenta saber ahora si los nueve trabajadores y diputados de la Diputación de Badajoz investigados maniobraron para colocar a David Sánchez en esta Administración Pública. Por eso los guardias civiles han indagado en todos los correos enviados desde sus cuentas corporativas a partir del año 2016. Fue en ese período cuando Sánchez fue contratado como jefe de Oficina de las Artes Escénicas.
La UCO considera que la puntuación otorgada a David Sánchez para su contratación, 90 sobre 100 puntos posibles, y adjudicarle la plaza, pudo ser una maniobra expresa para lograr el objetivo de colocarle. La unidad de la Guardia Civil se refiere así a una «serie de actos preparatorios en una esfera previa a las resoluciones mencionadas, que no han quedado reflejados en la documentación entregada a petición del Juzgado» y precisamente buscan las pruebas en las conversaciones de mail mantenidas entre varios de los investigados, algunos aforados.
Por ese motivo la juez abrió una pieza separada dentro de estas diligencias y acordó la práctica de los registros. Asimismo, en este caso, pero en la causa general, también se indaga si David Sánchez ha cumplido con sus obligaciones tributarias en España o en Portugal, país donde reside, como también si acudía a trabajar a su puesto presencialmente o evitaba hacerlo. Por el momento no hay ningún imputado más en el caso.
