La auditora de los contratos del Ministerio de Transportes durante la época de José Luis Ábalos recopiló en sus «interrogatorios» un total de once versiones de altos directivos de Puertos del Estado, Adif y de funcionarios del Ministerio. No obstante, evitó realizar preguntas a los principales señalados en el informe, como el propio Ábalos o personal del Gabinete. «Nadie me llamó y me consta que tampoco a nadie del Gabinete», ha asegurado el exministro y diputado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos, a preguntas de MONCLOA.
Según el informe, se realizaron «entrevistas» a Javier Sánchez, que desempeñaba el cargo de director general de Organización e Inspección (DGOI) durante «las fechas de desarrollo de
las actuaciones que han sido objeto de esta auditoría».
También se hicieron preguntas a Mercedes Gómez Álvarez, exdirectora general de Transporte Terrestre durante lo más duro de la pandemia. Asimismo, también se realizaron preguntas al oficial mayor del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; así como al jefe de Área de Presupuestos, Contratación y AA.GG en la entonces Dirección General de Transporte Terrestre.
Por estos interrogatorios pasaron también el jefe de Servicio de Régimen Interior de la Oficialía
Mayor del Departamento; el secretario general de Puertos del Estado; y los siguientes cargos de Adif: exdirector general de Gestión de Personas, Adif; exdirector general Financiero y de Control de Gestión; el exdirector general de Negocio y Operaciones Comerciales; y el exdirector de Recursos Humanos. Algunos de ellos están imputados en el caso Koldo y no fueron asistidos por su abogado en el momento de realizarse la entrevista, perdiendo así la tutela judicial efectiva.
ÁBALOS, ‘NOMBRADO’ EN EL INFORME 136 VECES
Pero la subdirectora evitó descolgar el teléfono para preguntar y repreguntar al propio Ábalos, identificado como «ministro» en la auditoría en hasta 136 ocasiones, mientras que el Gabinete del ministro aparece doce veces. Sorprende así que tras unas extensas entrevistas, pidiendo correos y máxima colaboración, no se haya dirigido a Ábalos o alguno de los miembros de su Gabinete.
Por esta razón, entre otras de mayor calado, Ábalos carga contra una auditoría. A su juicio no es tal, sino un informe de «compliance», que se realiza para evitar la corrupción en las empresas, pero la regulación no la asume ni Adif ni tampoco Puertos del Estado, ni el ministro, sino el Gobierno y concretamente el Ministerio de Justicia. De hecho, la fiscalización de la auditoría podría rozar la ilegalidad al hacer funciones propias del Tribunal de Cuentas, el máximo órgano para escudriñar en las cuentas y contratos públicos dentro de la Administración.
Para Ábalos, el escrito del Tribunal de Cuentas dejó claro que poco importó el negocio de las empresas antes de acudir a los contratos públicos de las mascarillas. «Ninguna empresa prácticamente de las que al suministrar mascarillas tenía experiencia; se dedicaban a yesos, a refrescos, bebidas alcohólicas, ganado, vino espumoso, prótesis, trajes regionales de Valencia…», apunta el exministro Ábalos cuando se le pregunta sobre los informes de solvencia elaborados por mutuo propio el entonces director Financiero de Adif.
SE CONCEDIERON CONTRATOS ADELANTANDO EL DINERO, PERO NO SE HAN AUDITADO
«¿Cuáles eran las que tenían experiencia? He visto de todo menos de material sanitario y el propio Tribunal de Cuentas, como es consciente de eso, dice que la actividad anterior no tiene ninguna relevancia», ha explicado. «Más allá del precio o de la solvencia de la entidad, lo que contaba era no incurrir en malversación y que no te estafaran», ha sostenido a preguntas de MONCLOA. «Esa fue la principal inquietud porque fue un mercado de muchos espabilados que te podías estafar en la calidad o en el dinero. ¿Por qué? Porque cobraban por adelantado», ha sostenido.
De hecho, para evitarlo, el Ministerio de Ábalos bloqueó todos los fondos hasta la entrega del pedido, que se recibió a pie de pista, como tantos otros durante la pandemia. «La virtud más grande de este encargo es no arriesgar un duro», se defiende. Según apunta, la Fiscalía indicó que no hubo malversación en su escrito para retener la causa frente a la Fiscalía Europea, que pidió la pieza al tratarse de fondos europeos. La justificación se centra en que el material se recepcionó, se comprobó y se abonó un precio inferior al de aquel momento. «Lo dice la Fiscalía», destaca Ábalos.
LA AUDITORÍA ENMIENDA LAS CONCLUSIONES DE LA FISCALÍA EN EL CASO ÁBALOS
En este sentido, asesta una dura respuesta a la autora del informe encargado por Óscar Puente a finales de febrero de este 2024, cuando la causa está abierta por la vía penal. «Esta unidad administrativa del Ministerio de Transportes enmienda también a la Fiscalía», ha sostenido.
Por esta razón considera que el estudio realizado por el Ministerio de Óscar Puente es del todo «ilegal» y no descarta presentar acciones judiciales. La Fiscalía señaló que la contratación estuvo bien hecha, como dejó claro en su recurso para retener la causa en España y no con la Fiscalía Europea.
«El propio juez cuando autoriza a la Abogacía del Estado a defender al exsecretario dice claramente que no ha habido perjuicio para la Hacienda Pública», ha comentado. «¿A qué vienen a reabrir esto?», reflexiona para autoresponder: «Es una causa general contra mí». En este sentido, ha apuntado que se trata de un «encargo inoportuno e ilegal, fuera de las funciones y competencias que se le atribuyen a la Inspección del Ministerio», ha sostenido. Para más inri: «El contenido es lamentable». «No tiene ningún sentido», indica sobre la auditoría, que termina con una serie de recomendaciones sobre reformas normativas, pese a no tener competencias para ello.
Al respecto, el exministro señala que la auditora no ve emergencia alguna, a pesar de la escasez de las mascarillas y la oleada de muertes en el segundo trimestre de 2020. Los usuarios de a pie compraban mascarillas a 10 euros por unidad en las farmacias, cuando su precio antes de la pandemia apenas eran de entre 0,1 y 0,2 euros. Las profesionales se vendían antes de la pandemia a 3,5 euros por diez unidades, tal y como pudo comprobarse, para después llegar a valer más de 14 y 15 euros por unidad.
LA AUDITORÍA ES ILEGAL, SEGÚN ÁBALOS
«¿Quiénes son ellos para valorar si estaba justificada o no la emergencia?», ha apuntado Ábalos. Durante aquellos meses se trabajó bajo la premisa de la improvisación. El primer estado de alarma fue de 15 días, pero para tratar de frenar los contagios, pero fue declarado inconstitucional años más tarde. «El Gobierno no tenía ni idea, no había comité de expertos -a pesar de que Salvador Illa hizo mención a un supuesto grupo para paliar los efectos de la pandemia-, nadie decía nada ni cómo se trataba la enfermedad», ha continuado.
«¿Cómo te pueden decir ellos que tenían que justificar la necesidad de 15 días cuando no había material? ¿Qué pasa que cuando pase los 15 días bajo al súper y compro más mascarillas que va a haber?», se reitera sobre las conclusiones de la auditoría. De hecho, el propio informe no hace referencia tampoco a los criterios adoptados para llegar a dichas conclusiones.
Asimismo, insiste en realizar auditorías al resto de Ministerios por los contratos de 2020. «En Sanidad -con Salvador Illa al frente- hubo devolución de material», ha apuntado. «!– /wp:paragraph –>
Respecto a las dudas arrojadas en el informe encargado por Puente, Ábalos apunta que «se distribuyó todo y lo que quedó era almacén, fue una decisión del subsecretario para tener una reserva, como todo el mundo», ha apuntado.
EL STOCK DE MASCARILLAS, RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD NACIONAL
Y es que, el Departamento de Seguridad Nacional, a través del Comité de Seguimiento, «recomendó a todas las Administraciones tener una reserva estratégica porque el problema que tuvimos cuando empezó la pandemia es que no teníamos material». «No teníamos ni mascarillas, ni guantes, ni mantas, ni respiradores, ni ucis, que la gente no podía entrar en las ucis… No nos acordamos de la ansiedad de ese momento», ha recordado, para decir: «La gente moría como moscas, los trabajadores no querían salir a trabajar, los esenciales, porque los demás estaban en sus casas».
En el Ministerio de Transportes, relata, no había nadie, tan solo tres personas: el subsecretario, la secretaria general y dos más. Personas que no dormían apenas porque se sacaban hasta cuatro ediciones del BOE diarias. «Con normas, improvisando sobre la marcha. Improvisando. Y esta vez me tengo que justificar si estábamos improvisando todo el día», ha sostenido. «No hay precedentes sobre un informe así y nadie se lo ha pedido», ha indicado sobre Óscar Puente.
