La auditoría encargada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA), Óscar Puente, ha arrojado datos significativos sobre la gestión de la compra de 8 millones de mascarillas por 20 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión realizada durante la dirección de José Luis Ábalos al frente del Ministerio. En ese documento la encargada de la investigación por el ministro Puente llega a explicar que «la oferta de suministro en 48 horas realizada por la empresa era irreal».
Se refiere la inspectora del Ministerio a la oferta de Soluciones de Gestión que prometía traer los ocho millones de mascarillas en 48 horas desde China a Madrid, pero que para la auditora era irreal «pues todo apunta a que ella por si misma (y sin las actuaciones desarrolladas por el ministerio para contar con la colaboración de la Administración Española en el Exterior) no hubiera conseguido realizar el suministro ni siquiera en el plazo que finalmente se realizó».
Pero el cumplimiento de las condiciones pactadas de entrega no se produjeron hasta el 24 de marzo «pasada ya la fecha de 23 de marzo inicialmente ofertada, razón por la cual hubo que modificar el calendario de entrega. El nuevo plan de vuelo lo remitió la empresa al entonces Secretario General de Puertos del Estado (PdE), el 24 de marzo a las 7.32 horas y consistía en tres vuelos: 27/28 de marzo, 2/3 de abril y 8/9 de abril. El entonces Secretario General de PdE le dijo a la empresa que «la última entrega se sale de urgencia y de mercado». Este nuevo plan fue trasladado por el Secretario General de PdE a la Subsecretaría, en concreto al subsecretario y a la entonces SGT, el 24 de marzo a las 7.52 h y al entonces asesor del ministro (Koldo García) a las 8.25 h del mismo día».
La inspectora continúa exponiendo las conclusiones de su investigación, cuyo principal señalado resulta el exministro Ábalos por su gestión, recogiendo que «en la documentación analizada consta cómo el entonces Secretario General de PdE remite el nuevo plan de vuelos de la empresa al presidente de PdE a las 11.02 y el presidente responde: «Me parecen unos plazos demasiado largos. No es eso lo que ofertaron (…) hay que activar a Iberia o al ejército para que pongan un avión cargo (…). No podemos conformarnos. (…) Me está indignando como va la cosa (…) Si esos son los plazos estoy por rescindir. La otra oferta nos garantiza una semana y a mitad de precio».
Finalmente, la oferta de Soluciones de Gestión de entregar 8 millones de mascarillas en 48 horas no tuvo éxito y «tras una importante operativa para conseguir los vuelos, en la que consta que intervino la entonces SGT, incluso teniendo que recurrir a la ayuda de la Administración Española en el Exterior, el suministro fue de 807.000 mascarillas el día 28, otras 692.000 el 4 de abril, 1.299.130 el 10 de abril, el 12 de abril se recibieron 217.580 mascarillas y otras 3.072.275 el mismo día en otro avión y 1.819-940 mascarillas en otro avión. El 8 de mayo se recibieron las 92.075 mascarillas que restaban».
El exceso de plazo de entrega fue recogido por el Tribunal de Cuentas, «en cuanto a la exigencia de dar cuenta al Consejo de Ministros, se excedió del plazo legal de 30 días en un día», como recoge en su informe 1.489, lo que tampoco deja en buen lugar a José Luis Ábalos.
ÁBALOS SE DEFIENDE DE PUENTE
Mientras el Ministerio de Transportes publicaba el informe fiscalizador de la gestión de Ábalos, el exministro socialita y actual diputado del Grupo Mixto publicaba en su perfil de X, antes Twitter, un extenso comunicado para defender su gestión: «Sobre la investigación del Ministerio de Transportes por encargo de su actual titular, resulta del todo sorprendente y excepcional que se utilice una estructura ministerial para abrir una investigación administrativa interna en paralelo con el mismo objeto que una instrucción penal en proceso de investigación, sin que haya sido solicitada por el juez instructor del “caso Delorme” ni tampoco comunicada a dicho juez, porque esto está prohibido. Todo tiene que funcionar en base a la tutela judicial efectiva y respetando los derechos fundamentales de defensa de las personas interrogadas, con asistencia letrada si es el caso, puesto que algunas de ellas están siendo investigadas en el procedimiento judicial por los mismos hechos».
El exministro Ábalos continuaba criticando que «más que una auditoría parece un “Tribunal de Honor o de Excepción”, algo prohibido por la Constitución. Una cosa es colaborar con la Justicia y otra suplantarla. No cuestiono que el ministro pueda ordenar una auditoría interna para conocer cómo se han gestionado unos expedientes, pero lo que no se puede hacer es cuestionar por órganos administrativos la legitimidad de las decisiones políticas tomadas en 2020 y 2021 puesto que el órgano auditor desconoce las decisiones en aquel momento del Consejo de Seguridad Nacional para la gestión de la emergencia por la pandemia de COVID 19. Lo que no deja de sorprender es que la Dirección General a la que se encarga la auditoría sea juez y parte. La misma persona que fue responsable en 2020 y 2021 de la ejecución entonces de los contratos es quien ahora en 2024 coordina su investigación interna».
El informe, encargado por Puente el 27 febrero de 2024 a la Subdirección General de Organización e Inspección General, tras heredar el ministerio, fue realizado por una inspectora durante casi seis meses y entregado el 19 de agosto. El documento de 89 folios no deja bien parados ni al exministro Ábalos ni a su asesor, Koldo García. De hecho, tras conocerse el informe, Óscar Puente cesó de sus puestos dos días más tarde al subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez y al jefe de personal de Adif, Michaux Miranda, ambos investigados por la Audiencia Nacional en la trama Koldo de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión.
