La orden, según el subsecretario de Transportes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA), Jesús Manuel Gómez, llegó «del entonces asesor del ministro», que le dijo que «el proveedor suministraba 8 millones (de mascarillas) o nada» y entendió que «esta decisión venía avalada por el Ministro (Ábalos) pues, de hecho, la nueva Orden para adquirir un máximo de 8 millones de mascarillas vino firmada por él». Así consta en el informe de auditoría hecho público por el ministerio de Óscar Puente hace unos días y que ha provocado el enfado público de su predecesor en el ministerio y ex secretario de organización socialista, José Luis Ábalos.
El informe, encargado por Puente el 27 febrero de 2024 a la Subdirección General de Organización e Inspección General, fue realizado por una inspectora durante casi seis meses y entregado el 19 de agosto. El documento de 89 folios no deja bien parados ni al ex ministro Ábalos ni a Koldo García. De hecho, tras conocerse el informe, Óscar Puente cesó de sus puestos dos días más tarde al subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez y al jefe de personal de Adif, Michaux Miranda, ambos investigados por la Audiencia Nacional en la trama Koldo de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión.
El incremento de 4 millones de mascarillas a 8 millones se adoptó según la propia investigación interna el mismo 20 de marzo de 2020 en apenas media hora. Ese día a las 19.55 horas desde el gabinete del ministro Ábalos se remitió una orden firmada por el ministro para adquirir «un máximo de 4 millones de mascarillas», pero ese mismo día a las 20.33 horas llegó un nuevo mail que anulaba la anterior orden y se regulaba «la adquisición y distribución de un máximo de 8 millones de mascarillas».
El reparto establecido por la primera compra era de 40 mil unidades para Adif, 305.250 para Renfe Operadora, 2.400 para Enaire, 51 mil para Aena, 564 mil para Puertos del Estado, 1 millón para Correos y 2 millones para Transporte Terrestre y MITMA. Tras subir a los 8 millones este reparto se dobló automáticamente.
MASCARILLAS PARA 15 DÍAS DE ESTADO DE ALARMA
La cuestión para la inspectora encargada de la investigación interna es que a lo largo del 19 de marzo «se realizó una estimación de necesidades de 4 millones de mascarillas para un ámbito temporal de 15 días (debe llamarse la atención de que a dicha fecha la duración del estado de alarma era 15 días naturales, finalizando el 28 de marzo, sin que hasta el 24 de marzo se produjera la solicitud por el Consejo de Ministros de autorización de prórroga del estado de alarma)».
Entonces ¿por qué de repente se dobló el pedido de 4 a 8 millones? Eso hace sospechar a la inspectora que realizó el informe que recoge en el mismo que «el entonces DGOI (director general de Organización e Inspección) viene a corroborar la declaración del Subsecretario, al indicar que esta cifra de mascarillas se decidió a nivel Ministro», es decir por José Luis Ábalos.
La redactora del documento también explica que «no puede menos que llamarse la atención sobre que esta modificación en el objeto de la emergencia no se ajusta a los criterios exigibles en una tramitación de estas características, ya referidos en este informe, dado que se considera no adecuadamente resuelta la justificación del alcance (número de mascarillas a adquirir) de la emergencia».
Está claro para la inspección que «no parece justificarse que, habiéndose estimado una necesidad de 4 millones de mascarillas para 15 días naturales (duración del estado de alarma) en solo 38 minutos se duplique tal estimación» y además se comprueba que «los 8 millones de mascarillas vienen a coincidir con la oferta de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas».
CONCLUSIONES DEMOLEDORAS PARA ÁBALOS
Las conclusiones son demoledoras para el entonces equipo de José Luis Ábalos en el MITMA: «De este modo pudiera parecer que la estimación final del alcance de la emergencia, duplicada en tan solo 38 minutos, estaría más relacionada con la oferta existente que con las necesidades detectadas en relación con un tiempo determinado, 15 días naturales, que era en aquel momento (20 de marzo de 2020) el oficialmente previsto para el estado de alarma al amparo del cual se justificaba la aplicación del artículo 120 de la LCSP».
Pero además argumenta el informe que «incluso en caso de que la situación fuese, como de acuerdo con lo señalado por el Subsecretario habría indicado el entonces Asesor del Ministro, que la oferta era «o todo o nada», la hipotética inexistencia de margen de actuación entre cero y ocho millones de mascarillas, puesta en relación con la situación de estado de alarma en la que se desarrollaron todas las actuaciones, debería haber sido adecuadamente justificada en el expediente, como motivación del cambio en el alcance de la emergencia. La SGT (Secretaría General de Transportes) dio traslado de la Orden para su publicación en el BOE, que se produjo el 21 de marzo de 2020″.
El pasado 23 de agosto el ministro Óscar Puente decidía cesar al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, mencionado en el citado informe y al director general de Personas de Adif, Michaux Miranda, ambos imputados por la Audiencia Nacional en el Caso Koldo y citados a declarar el próximo mes de septiembre. Puente también anunciaba la implantación de nuevos mecanismos de control previos a la adjudicación de contratos de emergencia.
