El Tribunal Supremo desmonta el relato del Gobierno de Pedro Sánchez por la inacción del Ministerio de Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, en la fuga de Carles Puigdemont, a pesar de la orden de detención nacional. El Gobierno y la Generalitat en funciones, con Joan Ignasi Elena al frente de la Consejería de Interior, evitaron desplegar un dispositivo conjunto por un supuesto veto a la participación de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Ante este estrepitoso fracoso, el juez Pablo Llarena ha interrumpido sus vacaciones para exigir explicaciones por el incumplimiento de su orden directa de detener al prófugo de la Justicia, a pesar de tenerlo a menos de cien metros y haber dado un mitin de cinco minutos desde un escenario, solo y sin nadie que le pudiera socorrer.
En una providencia, el juez Llarena puntualiza que Puigdemont está «procesado en rebeldía» y estuvo presente en Barcelona, protagonizando un «acto público en las inmediaciones del Parlament, habiendo logrado evadirse a su terminación y eludir la orden de detención emitida contra él». En este sentido, ha exigido a Marlaska, juez y ministro de Justicia, un informe completo sobre el operativo aprobado y dispuesto para su detección en frontera y posterior detención.
LLARENA TUMBA EL RELATO DE BOLAÑOS CON EL SILENCIO DE MARLASKA
Además, lejos de aceptar el relato del Gobierno, que ha responsabilizado a los Mossos d’Esquadra de todo el dispositivo, Llarena ha instado a Marlaska conocer los errores desde un aspecto técnico policial, junto a las órdenes que fueron cursadas para su detección en frontera y eventual detención después de su fuga. También ha reclamado los nombres de los agentes «encargados del diseño del operativo», de los «responsables para su aprobación» y «de aquellos a los que se ha encomendado su ejecución o despliegue operativo». En definitiva, una depuración de responsabilidades de la que el ministro de Interior aún no ha dado explicaciones públicas.
Llarena ha pedido explícitamente la «planificación y elaboración del operativo para la detención y
puesta a disposición judicial» de Carles Puigdemont; el «desarrollo del operativo policial»; y una «evaluación policial de la ejecución del operativo».
EL INVENTO DE LOS MOSSOS, UN FRACASO CONTRA PUIGDEMONT
El juez Llarena ha suspendido sus vacaciones para conocer el alcance de las consecuencias del fracaso del dispositivo policial, más después de conocer la retahíla de excusas del jefe de los Mossos, Eduard Sallent, que se ha inventado un nuevo término policial para argumentar el ridículo mundial de los agentes de la policía autonómica catalana: una situación «semafórica». «¿Desde cuándo un agente de los Mossos d’Esquadra espera que se ponga en verde en los semáforos en plena persecución?», ironizan agentes policiales de los Mossos a preguntas de este medio. «Se ponen las sirenas y se conduce detrás del fugado», responden.
«Jamás he escuchado ese término», apunta un veterano de los Mossos d’Esquadra. «El hazmerreír ante los ojos de todos y en la rueda de prensa socavan nuestra credibilidad», apostillan. El ridículo de la ‘operación Jaula’ es de tal calibre que el juez Llarena no está por la labor de formar parte del circo, más cuando hay dos querellas admitidas a trámite por estos hechos bochornosos.
No fue Grande-Marlaska el encargado de hablar, pese a ser su competencia directa, sino que lo hizo Félix Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia y Relación con Las Cortes. La huida de Puigdemont, la primera con orden de detención, fue un «episodio», según afimó Bolaños. Sin dar una sola explicación sobre el por qué no se cumplió con la orden nacional de detención del prófugo, Bolaños aseguró que se «cumple con los mandatos judiciales», pese a la fracasa operación específicamente diseñada para capturar terroristas, un dispositivo que pudo ser analizado ‘in situ’ y hasta contabilizado el tiempo de reacción.
¿HUBO CONTROLES EN FRONTERA PARA DETENER A PUIGDEMONT?
Tal fue el bochorno causado que había un coche de los Mossos d’Esquadra en el cementerio de Amer, la localidad natal de Puigdemont, por si el expresidente visitara la tumba de sus padres, mientras miles de vehículos eran parados por los controles de los Mossos d’Esquadra, tan eficientes a la hora de poner multas con radares y helicópteros de última generación, pero tan inútiles que no eran capaces de localizar un vehículo en una ciudad como Barcelona, repleta de cámaras de seguridad y radares; así como en las principales salidas de la ciudad.
Cabe señalar que los Mossos son los encargados de velar por la seguridad de los catalanes. «Nadie quiere ni oír hablar sobre si hubiera sido un atentado terrorista», apuntan los agentes consultados. «No quiero ni imaginármelo y estamos en alerta 4 antiterrorista», apuntan.
Bolaños, como ha hecho Marlaska con su silencio, ha preferido escurrir el bulto culpando a otros, pero el juez Llarena tiene muy claras las vías de investigación. Los Mossos d’Esquadra no están al cargo de la vigilancia de fronteras, sino agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil. ¿Hubo refuerzos? ¿Se activó algún dispositivo? ¿Se aumentaron los efectivos? Por el momento, solo se conoce la operación Jaula de los Mossos. «Eran los encargados de todo el operativo oficial», ha asegurado Bolaños. Sin embargo, Puigdemont se fugó delante de sus narices y asesorado por un «conocido ilusionista», según puntualizan fuentes cercanas a Junts.
UNA FALLIDA OPERACIÓN CON SOLO TRES DETENIDOS
Todos los controles fallaron, más cuando Puigdemont llevaba 48 horas en Barcelona. Su regreso fue anunciado a bombo y platillo, con hora y ubicación exacta, con un escenario, con carpas y coches aparcados pese a estar en una zona prohibida. Omisión del deber, desobediencia y prevariación son algunos de los delitos que podrían caer ahora a tenor de las dos querellas presentadas y admitidas.
Por el momento, tres agentes de los Mossos d’Esquadra han sido detenidos, dos de ellos suspendidos de empleo y sueldo. Son las únicas responsabilidades adoptadas hasta ahora por los mandos de los Mossos d’Esquadra.
Ni una sola dimisión, ni una sola autocrítica y con una desconfianza aún mayor sobre todos los agentes, tan diligentes a hora de asestar multas y hachazos a los contribuyentes, incluso durante el inconstitucional confinamiento de 2020, y tan laxos a la hora de atrapar a Puigdemont, que llegó a estar encima de un escenario sin apenas público, mientras el Gobierno se pone de perfil.
