Italia ha dado un giro a su política fiscal, incrementando la tasa fija para aquellos que buscan trasladar su residencia fiscal al país transalpino. Esta medida, que inicialmente se implementó en 2017 para atraer grandes fortunas y profesionales de élite, ha experimentado un ajuste significativo.
La decisión, tomada por el Gobierno de Italia en su Consejo de Ministros, pretende reducir el impacto inflacionario que la tasa plana ha tenido en los precios inmobiliarios de las principales ciudades italianas. Además, responde a la necesidad de ajustar el déficit presupuestario, que alcanzó el 7,4% del PIB en el último año, una cifra que la Unión Europea espera que se reduzca al 4,4% al final del presente año, por encima de la meta del 3% para los Veintisiete.
El ajuste de la tasa fija para residentes fiscales
La nueva tasa fija para quienes buscan trasladar su residencia fiscal a Italia se sitúa en 200.000 euros anuales, duplicando el valor original de 100.000 euros. Esta medida, aunque busca controlar la inflación en el mercado inmobiliario, también busca evitar una competencia desleal entre países en materia fiscal.
El ministro italiano de Economía, Giancarlo Giorgetti, ha defendido la decisión, argumentando que, a nivel internacional, se busca evitar una carrera hacia abajo en materia fiscal, donde países como Italia, con espacios fiscales limitados, estarían en desventaja. Según Giorgetti, desde la implementación de la tasa plana, 1.186 personas se han beneficiado de este régimen fiscal.
Italia descarta un impuesto adicional a los beneficios bancarios
Además de ajustar la tasa plana para residentes fiscales, el gobierno italiano ha descartado la posibilidad de imponer un impuesto adicional a los beneficios extraordinarios de los bancos. El ministro Giorgetti ha asegurado que las entidades financieras serán gravadas con sus ganancias de forma habitual, al igual que cualquier otra entidad que genere beneficios.
Esta decisión responde al objetivo del gobierno de no aumentar la carga fiscal sobre el sector financiero italiano, que ha mostrado una buena rentabilidad en los últimos años. Sin embargo, el ministro ha dejado claro que las entidades bancarias, al igual que cualquier otro ciudadano italiano, deberán contribuir a las finanzas públicas.
En resumen, el gobierno italiano ha dado un paso hacia un ajuste de su política fiscal, buscando un equilibrio entre la atracción de grandes fortunas y la gestión responsable del déficit presupuestario. La decisión de no imponer un impuesto adicional a los beneficios extraordinarios de los bancos busca evitar un aumento de la carga fiscal sobre el sector financiero.
