En una decisión histórica, un juzgado de lo social en Santander ha reconocido el derecho de un padre jubilado a recibir el complemento de maternidad en su pensión, así como una indemnización por la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación por razón de sexo.
La sentencia, que ha sido ampliamente aplaudida por defensores de los derechos de los hombres, sienta un precedente importante en la lucha por la equidad de género en el sistema de seguridad social español. El caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor sensibilidad y adaptación de las políticas públicas a las realidades diversas de las familias en la actualidad.
UN FALLO HISTÓRICO QUE RECONOCE LOS DERECHOS DE LOS PADRES JUBILADOS
El Juzgado de lo Social número 4 de Santander ha fallado a favor de un jubilado de la ciudad que reclamaba el complemento de maternidad sobre su pensión. La administración, representada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General, alegó en un primer momento la carencia sobrevenida de objeto respecto al reconocimiento del complemento, y se opuso también a la indemnización solicitada por el hombre.
Sin embargo, la justicia ha dado la razón al demandante, reconociendo su derecho a percibir el complemento de maternidad, que tiene carácter retroactivo y conlleva una revalorización de la pensión del 5% por ser padre de dos hijos. Además, el tribunal ha condenado a la Seguridad Social a indemnizar al hombre con 1.800 euros por la vulneración de sus derechos fundamentales.
Según el abogado del jubilado, el fallo le permitirá recibir casi 11.000 euros, entre el complemento y la indemnización establecida siguiendo los criterios del Tribunal Supremo. Este caso se suma a otros recientes en Cantabria, donde el Tribunal Superior de Justicia ya había condenado al INSS a abonar una indemnización complementaria a otro pensionista que había solicitado el complemento de aportación demográfica, comúnmente conocido como complemento de maternidad.
EL COMPLEMENTO DE MATERNIDAD: UN DERECHO PARA LOS PADRES JUBILADOS
El complemento de maternidad es una prestación que puede ser reclamada por aquellos jubilados que cumplan ciertos requisitos: haber accedido a la pensión entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021, y ser padres de dos o más hijos. Este complemento tiene como objetivo reconocer la aportación demográfica de las familias con más de un hijo, independientemente del sexo del progenitor.
Sin embargo, la aplicación de esta prestación ha sido desigual y, en muchos casos, ha primado una visión tradicional y restrictiva del rol de la mujer en la crianza y el cuidado de los hijos. Esto ha llevado a que algunos padres jubilados, como el de este caso en Santander, hayan visto vulnerados sus derechos a la igualdad y no discriminación.
La sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Santander es un importante avance en el reconocimiento de los derechos de los hombres en el sistema de seguridad social. Supone un claro mensaje de que la equidad de género debe ser un principio fundamental en la aplicación de las políticas públicas, y que los tribunales están dispuestos a actuar con firmeza para garantizar el cumplimiento de este principio.
HACIA UNA SEGURIDAD SOCIAL MÁS INCLUSIVA Y ADAPTADA A LAS FAMILIAS ACTUALES
Este fallo judicial pone de manifiesto la necesidad de una revisión y adaptación de las políticas de seguridad social en España, para que éstas reflejen de manera más precisa la diversidad de las estructuras familiares y los roles de género en la actualidad.
Más allá del reconocimiento del complemento de maternidad a los padres, este caso abre la puerta a una reflexión más amplia sobre cómo el sistema de seguridad social puede ser más sensible a las necesidades y realidades de las familias modernas. Esto implica cuestionar y superar los esquemas tradicionales que han predominado en el pasado, y adoptar un enfoque más inclusivo y adaptado a la sociedad actual.
En este sentido, la sentencia del Juzgado de Santander sienta un precedente importante y subraya la importancia de que los tribunales actúen como garantes de la equidad de género y la no discriminación en el ámbito de las políticas públicas. Este fallo es, sin duda, un paso adelante en la construcción de un sistema de seguridad social más justo e igualitario para todos los ciudadanos.
