¿Estamos al borde de una segunda ola de contagios por coronavirus? ¿Por qué si en el resto de España se están produciendo focos de gran expansión y contagio comunitario en Madrid, epicentro con Barcelona de la gran crisis sanitaria, apenas se reportan casos? La presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y su equipo están bajo lupa ante las críticas que vienen recibiendo de los médicos y la oposición ante la falta de rastreadores que controlen los contactos de los positivos para neutralizar la infestación comunitaria. Eso sí, ha sorprendido a casi todos al alargar el contrato de los curas de los hospitales madrileños. El coste se cifra en un millón de euros según algunas fuentes. Ayuso ya ha abierto el paraguas para repeler la lluvia de críticas.
Y es que el propio consejero de Sanidad se ha visto hoy obligado a reconocer que la Comunidad de Madrid cuenta únicamente con un rastreador por cada 47000 habitantes, cuando los especialistas en control de la pandemia habían indicado en sus requisitos y necesidades que la proporción sea de 1 rastreador por cada 4000 habitantes. Esto lleva a muchos a plantear cuál es la situación real de la pandemia en la Comunidad.
EL CONVENIDO CON LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID PARA DOTAR DE CURAS A LOS HOSPITALES
Llama la atención que el ejecutivo regional haya focalizado sus recursos en garantizar la asistencia religiosa católica (y solo católica) en los hospitales, cuando se ha reconocido tan públicamente que a día de hoy no cuenta con suficientes rastreadores para identificar correctamente a los positivos y contactos directos con los afectados, dando así una imagen epidemiológica de Madrid no falseada pero sí falsa.
En dicho convenio se establece que cada uno de los curas (que están en una proporción de un religioso por cada 100 camas de hospital), cobre 15000 euros al año, por un trabajo de tiempo completo. Además, el convenio establece que quien paga la «nómina» son los centros.
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PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RASTREO
Otro de los frentes que se le ha abierto a Ayuso es el de la gestión de dichos servicios de rastreo y control de los contactos de los positivos. El jueves saltaba la noticia bomba de que el Ejecutivo de Madrid había optado por la adjudicación por vía de emergencia y sin publicidad un contrato con dos multinacionales (Telefónica e Indra) por valor de 421000 euros para cubrir el servicio telefónico de rastreo de los contactos. Para mayor despropósito, el contrato entró en vigor en mayo, si bien no se ha producido la publicación en el Portal de la Contratación Pública del Gobierno hasta esta semana.
Según ha explicado en sede parlamentaria el consejero Escudero, a día de hoy se realizan unas 8000 llamadas diarias como parte de la encuesta epidemiológica y el rastreo de los contactos por positivo, lo que no casa con la estimación de que cada positivo implica un control de entre 10 y 15 contactos, sino más según el origen y actividad de dicho brote.
De hecho, los facultativos de Atención Primaria, los que actualmente están en primera línea de identificación de positivos, ya han alertado que hay numerosas deficiencias en la gestión del rastreo de los contactos de las personas que han dado positivo por coronavirus, lo que alimenta la sensación de que hay algo que no cuadra en las cifras de nuevos contagios en Madrid.
