En una decisión estratégica para abordar la crisis de la vivienda en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la movilización de 6.000 millones de euros en forma de préstamos y avales, destinados a promotores públicos y privados. Este ambicioso plan tiene como objetivo impulsar la construcción de 43.000 viviendas destinadas al alquiler social o asequible, con un período mínimo de 50 años.
Durante el acto de suscripción de los convenios entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el presidente del Gobierno dejó en claro la importancia de esta iniciativa. «Tenemos que evitar que la vivienda se convierta en una suerte de cuello de botella y una restricción a la continuidad del crecimiento económico y la creación de empleo«, enfatizó Sánchez.
Hacer Efectivo el Derecho Constitucional a la Vivienda
El presidente del Gobierno resaltó la necesidad de hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda, lo que «evidentemente interpela a todas las administraciones. Sánchez lamentó que «hay quien se escuda en las competencias, que efectivamente en un Estado compuesto están compartidas, para ignorar lo que creo que debería ser de absoluta incumbencia para todas y cada una de ellas».
Sánchez dejó en claro que «nadie puede negar ese derecho fundamental recogido en la Constitución» y aseguró que el Gobierno de España va a empeñar todos los recursos, las capacidades y las palancas para hacer efectivo ese derecho constitucional. «Hacerlo efectivo evidentemente interpela a todas las administraciones competentes en este ámbito y el Gobierno de España, pues evidentemente si quiere que cunda el ejemplo, lo que hace es asumir sus responsabilidades«, enfatizó.
Un Impulso Decisivo para la Construcción de Viviendas Asequibles
Esta iniciativa gubernamental de 6.000 millones de euros en forma de préstamos y avales representa un impulso decisivo para la construcción de viviendas asequibles en España. Al movilizar estos fondos, el Gobierno busca fomentar la participación tanto de promotores públicos como privados en la construcción de 43.000 viviendas destinadas al alquiler social o asequible.
La medida busca evitar que la vivienda se convierta en un obstáculo para el crecimiento económico y la creación de empleo, un desafío que el Gobierno de España ha decidido abordar de manera estratégica y comprometida. Al asumir su responsabilidad en esta materia, el Gobierno espera que esta iniciativa sirva de ejemplo y estímulo para que todas las administraciones competentes se sumen a este esfuerzo en favor del derecho constitucional a una vivienda digna.
