La comunidad autónoma de Castilla y León, a través de su portavoz Carlos Fernández Carriedo, ha realizado un llamamiento al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que convoque la Conferencia de Presidentes de manera inminente. Dicho encuentro se ha visto postergado por más de dos años, lo cual preocupa a la Junta regional ante la urgencia de diversos asuntos a tratar.
Entre los temas prioritarios que Castilla y León considera necesario abordar en la Conferencia de Presidentes se encuentran la inmigración, la situación de la sanidad por la falta de médicos, y la financiación autonómica. Fernández Carriedo enfatiza que estos problemas son de «muchísima actualidad» y no pueden esperar más tiempo, pues de lo contrario «los problemas se pueden ir complicando».
La Junta Prepara un Recurso Legal para Exigir la Convocatoria
Ante la falta de convocatoria por parte del Gobierno central, la Junta de Castilla y León ha informado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo para reclamar la celebración de la Conferencia de Presidentes. Fernández Carriedo ha señalado que, si bien por el momento no se ha presentado dicho recurso, el «mero anuncio» de esta acción legal ya ha tenido un «aspecto positivo».
Este efecto positivo se debe a que el Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que al menos diez comunidades autónomas han solicitado la reunión de la Conferencia de Presidentes. Según el reglamento, esta situación obligaría a convocar el encuentro. Por lo tanto, la Junta confía en que el Gobierno central atienda esta demanda sin necesidad de acudir a los tribunales.
Urgencia y Consenso en la Convocatoria de la Conferencia
Para el portavoz de la Junta, «no sería bueno dilatar mucho la convocatoria» de la Conferencia de Presidentes, ya que los asuntos a tratar son de suma importancia y urgencia para las comunidades autónomas. En este sentido, Fernández Carriedo considera que lo ideal sería que el Presidente del Gobierno convocara el encuentro sin necesidad de que un tribunal se pronuncie a favor, «porque la mayoría de presidentes de comunidades autónomas solicita esa convocatoria».
Castilla y León aboga por una convocatoria «relativamente pronta», pues, de lo contrario, los problemas podrían agravarse aún más. La Junta regional confía en que el Gobierno central atienda esta demanda de manera responsable y en consenso con las comunidades autónomas, evitando así la judicialización del proceso y priorizando el diálogo y la cooperación entre los diferentes niveles de la administración pública.
