Según el fiscal adscrito al juzgado de instrucción número 41, José Manuel San Baldomero, que instruye la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados, el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que «en líneas generales, en base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos -algunos de ellos vigentes actualmente-, se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública». Es cierto que el citado informe recoge esa manifestación, pero también que los agentes de la UCO encontraron dos irregularidades en uno de los contratos con el Comité Superior de Deportes (CSD) que la Fiscalía omitió cuando interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid para archivar la causa.
La Fiscalía insistía en ese mismo recurso, desestimado por tres jueces de la Audiencia Provincial, que no hay «indicios delictivos, ni siquiera irregularidades o anormalidades detectadas de índole administrativo. No hay ni rastro de la investigada Begoña Gómez, cartas, recomendaciones, presiones o interés». Además, el fiscal señalaba que la investigación está «pivotando» en torno a Barrabés y los contratos adjudicados por diversas administraciones, «presumiendo unas irregularidades en un periodo muy dilatado de tiempo, en el que se trasmite la sensación de que él es, en cierta forma, el investigado aunque no se sepa bien de qué».
No es del todo cierto, ya que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sí detectó al menos dos errores en el expediente del contrato de Innova Next, del empresario Carlos Barrabés, empresa investigada en la causa contra Begoña Gómez por haberse beneficiado presuntamente de unas cartas de recomendación firmadas por la esposa del presidente.
Estos errores encontrados por la UCO afectarían a un contrato de 4,6 millones de euros consistente en un software para atletas de élite, fue suscrito el 4 de agosto de 2022 y firmado por Carlos Barrabés y José Manuel Franco, entonces presidente del Comité Superior de Deportes (CSD), hombre de confianza de Pedro Sánchez y actual senador socialista. Los investigadores aseguran que «no se han localizado, entre la información aportada, los informes de apertura generados por la Plataforma de Contratación del Sector Público» y en otra parte de su informe aseguran que «se echa un falta un certificado de prestación del Servicio de Alta Competición».
LOS ERRORES ENCONTRADOS POR LA UCO AFECTAN A UN CONTRATO DE 4,6M DE EUROS CON EL CSD
Hay que recordar que un empresario que se presentó a la misma licitación denunció administrativamente que la adjudicación de este contrato se habría hecho de manera irregular, al no respetar por completo el plazo de presentación de ofertas de 15 días e iniciar el proceso para la concesión del mismo 13 días después, una vez recibida una única oferta, que resultó ser la de Innova Next, la misma empresa para la que Begoña Gómez escribió su carta de recomendación.
Sin embargo, la UCO encontró en la misma información aportada por el CSD a los agentes al menos dos errores de forma en ese documento, un hecho que ha pasado desapercibido para la Fiscalía.
En el último informe de la Benemérita de 2 de julio de 2024 los investigadores refieren que «no es posible determinar para el caso de las ofertas sujetas a fórmulas el momento exacto de su apertura, dado que no se han localizado, entre la información aportada, los informes de apertura generados por la Plataforma de Contratación del Sector Público« y continúa dando como consecuencia que «ese acto concluye con la propuesta de adjudicación y solicitud de documentación a Innova Next SLU, con un plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al requerimiento, de acuerdo a las condiciones relatadas anteriormente». Esas condiciones eran 3.044.890,50€ más 639.427,01€ en concepto de IVA. En total, 3.684.317,51€.
La empresa Innova Next tardó 12 días en aportar la documentación, en concreto desde el 8 de julio de 2022 hasta el 20 de julio, cuando lo hicieron. Aunque han pasado doce días, en realidad «hábiles» habían pasado sólo 8 días.
Sin embargo, el contrato «es formalizado a fecha 20.09.2022 por importe de 4.605.386,89 euros, entre Juan Carlos Barrabés Cónsul por parte de Innova Next y José Manuel Franco Pardo, en calidad de presidente del CSD». Los agentes explican este desfase monetario entre el precio fijo del contrato de 3,6 millones y el finalmente suscrito por 4,6, en realidad un incremento de 921.079,38 euros en concepto de «precio del servicio variable (25% del fijo)».
SEGUNDO ERROR EN EL CASO BEGOÑA GÓMEZ
El segundo error fue encontrado tras el análisis de la fase de ejecución de ese contrato, usando las certificaciones expedidas desde la Subdirección General de Alta Competición, desde diciembre de 2022 hasta diciembre de 2023. Es aquí donde la UCO detectó el segundo error y en el informe así lo recogen: «Tomando en consideración la documentación relativa a los reconocimientos de gasto y confirmantes de pago, se echa un falta un certificado de prestación del Servicio de Alta Competición suscrito por el Subdirector General de Alta Competición relativo a un pago por servicios trimestral por valor de 303.956,15 euros, pudiéndose tratar de un error en el archivo del documento», señalaban los investigadores del Caso Begoña Gómez.
La UCO añadía que «por último, destacar que, si bien el contrato continúa en vigor y estaría ejecutándose actualmente, las últimas certificaciones aportadas son de diciembre de 2023 -aunque el requerimiento de documentación fue de mayo de 2024- pudiéndose tratar de un desfase/retraso en el pago de los trabajos ejecutados». Los investigadores de la Guardia Civil, expertos en el análisis de documentos relativos a adjudicaciones, no querían dar nada por sentado y dejaban todas las posibilidades abiertas.
Hay que recordar que en el mismo informe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha transmitido al juez Peinado, que instruye las causas por corrupción contra Begoña Gómez, que «en cualquier caso, el análisis de los expedientes realizado por esta Unidad y reflejado en el presente escrito, deberá ser objeto de estudio y valoración por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) nombrada por el juez instructor como auxilio judicial para tal fin, a efectos de determinar la existencia de posibles irregularidades en la tramitación, adjudicación o ejecución de los contratos».
Esa petición obtuvo respuesta positiva dos semanas después cuando mediante una providencia el juez Juan Carlos Peinado, instructor del Caso Begoña Gómez, se libraba oficio a la UCO para que recabasen varios expediente de un contrato adjudicado por la empresa pública Red.es, uno del Consejo Superior de Deportes (CSD), y cuatro del Ayuntamiento de Madrid.
Los expedientes están relacionados con «servicios de apoyo y asesoramiento»; otro del Comité Superior de Deportes que respondería a servicios de apoyo para el «diseño y operación del modelo de innovación y transformación digital en el ámbito del deporte, así como para coordinar todos los programas de innovación desarrollados por el CSD» y otros cuatro suscritos con el Ayuntamiento de Madrid. Así que al menos la IGAE analiza ahora esos contratos.
