La iniciativa denominada AlianzAS, que reúne a diversas organizaciones del sector de los servicios esenciales, ha expresado su preocupación ante la medida anunciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de fijar una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial. Según los cálculos de esta asociación, dicha medida tendría un coste económico de 1.270 millones de euros para las empresas del sector.
En un comunicado, AlianzAS ha destacado que esta iniciativa se sumaría a «otras dificultades coyunturales y estructurales que podrían desembocar en una situación crítica para varios sectores estratégicos para España». Por lo tanto, la organización ha solicitado al Gobierno que reconsidere la implementación unilateral de esta medida y permita una revisión de los precios de los contratos en vigor, ya que esta circunstancia no pudo haber sido prevista.
PROBLEMAS ORGANIZATIVOS Y ESTRUCTURALES
Según los datos proporcionados por AlianzAS, el efecto económico de la reducción de jornada laboral supondría un incremento de costes del 4,25%, una cantidad que la organización considera «inasumible» para los sectores intensivos en mano de obra que prestan servicios indirectos a las administraciones públicas.
Además de este impacto económico, la asociación también destaca los problemas organizativos y estructurales que se derivarían de las obligaciones contractuales existentes, que exigen una dedicación de los trabajadores superior a la jornada que se quiere imponer. En este sentido, sería necesario buscar nuevos trabajadores para cumplir con las obligaciones asumidas, lo que sería una «acción complicada» en ciertos sectores debido a la escasez de personal.
Por estos motivos, AlianzAS solicita al Gobierno un «ejercicio de corresponsabilidad» en el que se renuncie a la implementación unilateral de esta medida o, en caso de llevarla a cabo, se permita la revisión de los precios de los contratos en vigor.
IMPACTO EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Otra de las preocupaciones expresadas por AlianzAS es que esta medida «atentaría contra la negociación colectiva» que se lleva a cabo con los sindicatos, ya que supondría alterar los términos de los convenios colectivos en vigor firmados por todas las partes involucradas.
Es importante destacar que los servicios esenciales representan más de 30.000 millones de euros de facturación y más de 1,25 millones de trabajadores, desempeñando un papel fundamental para el correcto funcionamiento del sistema productivo. Según la asociación, este sector es «estratégico para nuestro país, tanto por su importancia en términos económicos, como por su papel de motor social y de desarrollo, pues tiene un marcado carácter vertebrador y cohesionador del territorio».
En conclusión, la medida propuesta por el Ministerio de Trabajo y Economía Social tendría un importante impacto económico y organizativo en el sector de los servicios esenciales, lo que podría desembocar en una situación crítica para estos sectores estratégicos. Por lo tanto, AlianzAS solicita al Gobierno una reconsideración de la implementación unilateral de esta medida y una mayor colaboración y corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones que permitan preservar la sostenibilidad y el buen funcionamiento de este sector clave para la economía y la sociedad española.
