Dos acusaciones populares en el caso Púnica han recusado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por su posible vinculación a una de las empresas que podrían haber tenido «intereses inmobiliarios» en un plan de urbanismo de Valdemoro (Madrid), que se investiga en una de las piezas de esta causa.
Según explican las acusaciones ejercidas por el PSOE y Adade en un escrito con fecha de este miércoles, el juez instructor presta «servicios de tutoría online» en un centro universitario «perteneciente y dependiente» de una sociedad cuyos «intereses inmobiliarios» y de varios sus directivos se vieron afectados «muy directamente» en los cambios introducidos por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdemoro aprobado en mayo de 2004.
Las acusaciones populares ven «prudente» y «conveniente» que el magistrado se abstenga de la pieza separada número 4, relacionada con el plan urbanístico en el municipio madrileño entre 1999 y 2014, porque es quien «conoce mejor» este asunto, ya que son «constantes los procedimientos que tratan sobre este tema y que desde luego inundan los medios de comunicación».
Por ello, tras comprobar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha autorizado al juez instructor a impartir clases al menos durante los tres últimos cursos, consideran que García Castellón no debe continuar instruyendo esta pieza porque «le hacen dependiente de una de las partes beneficiarias del proceso de cambio» del plan de urbanismo de Valdemoro.
Las acusaciones populares apoyan su petición recordando que la Constitución Española recoge en su artículo 24.2 el derecho a un juez «no sólo imparcial, sino con apariencia de imparcialidad» e indican que ello está amparado por la «constante» jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Así, tras reproducir las conclusiones de algunas de las sentencias del tribunal de garantías sobre los motivos por los que los jueces deben abstenerse o retirarse de una causa, consideran que el juez Manuel García Castellón debe apartarse de esta pieza separada de la Púnica porque «en la presente situación no parece asegurado que concurren suficientes garantías para excluir cualquier duda respecto de la imparcialidad de su señoría».
