viernes, 22 noviembre 2024

La estrategia de Rocha para agarrarse a la RFEF: acudirá a la Justicia ordinaria

El pasado 15 de julio el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) dictó la inhabilitación de Pedro Ángel Rocha, actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), durante dos años. Ahora tiene que ser la propia RFEF quien ejecute esta sanción, pero el abogado de Rocha va a pedir a la Federación que no ejecute la sentencia del TAD en tanto un juez de un tribunal ordinario de Justicia no dicte o deseche las medidas cautelares que va a solicitar Rocha, pedir que no se ejecute su despido de la RFEF hasta que el Juzgado ordinario no se pronuncie al respecto.

El pronunciamiento sobre estas medidas cautelares normalmente se produce en un máximo de 48 horas. Según recogía el portal Iusport, el juez puede ordenar a la RFEF que no ejecute el despido de Rocha dictado por el TAD, que al fin y al cabo es un órgano administrativo, porque el presidente de la RFEF ha recurrido la sentencia del TAD ante la Justicia ordinaria. O por el contrario, puede no dictar medidas cautelares y que la Federación notifique el despido siguiendo la directriz del TAD.

En cualquier caso, parece evidente el deseo de Pedro Rocha por permanecer al frente de la RFEF durante al menos un tiempo hasta los Juegos Olímpicos. Antes de decidir cualquier medida el juez debería escuchar a las dos partes, en este caso a Pedro Rocha y a Miguel Ángel Galán, presidente de Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), que fue el denunciante original ante el Comité Superior de Deportes (CSD) y que acabó en el TAD.

MUNDIAL DE FÚTBOL

Si Rocha no fuese inhabilitado podrá acudir en representación de la RFEF a la entrega de los planes para el Mundial 2030 de fútbol, que deben ser recibidos por la FIFA el 31 de julio como muy tarde. Rocha también quiere acudir a los Juegos Olímpicos de Paris en representación de la RFEF porque sabe que los nuestros tienen muchas opciones de medalla.

«LA INHABILITACIÓN NO PUEDE QUEDAR SUSPENDIDA», según galán

Pero todos estos planes de Rocha se van a encontrar de frente con la oposición de Galán, el denunciante que ha acabado con su presidencia en la RFEF. Galán ha explicado a MONCLOA que «si Rocha hace un comunicado oficial al secretario general de la RFEF para que no le expulse y que se espere a una resolución de la justicia ordinaria pues denunciaré tanto a Rocha como a la RFEF, porque entiendo que la inhabilitación no puede quedar suspendida». Pedro Rocha dispone de dos meses de plazo para recurrir la decisión del TAD pero para Galán «el mero hecho de avisar que va a recurrir no puede provocar de facto que la sentencia no se ejecute».

Galán explica que «la RFEF no pueden suspender la ejecutividad de la sanción del TAD impuesta al Sr. Rocha, y que conforme al articulo 31.8 debe convocar inmediatamente una comisión gestora con el único objetivo de convocar elecciones a la presidencia con la asamblea actual, no cometan por segunda vez el error que cometieron en septiembre, además no cumplir la resolución del TAD podría considerarse un presunto delito de desobediencia».

PELEA CON LALIGA

Rocha ha apagado todos los fuegos con Javier Tebas tras retirar la denuncia de la RFEF contra LaLiga, algo por lo que también fue denunciado, pero no sancionado. Mientras Rubiales fue presidente de la RFEF, el organismo consideraba “totalmente ilegal” el acuerdo al que llegó la LaLiga con el fondo de inversión CVC, porque el montante económico que percibirían los clubes de fútbol era “poco significativo” y se acrecentaría «la desigualdad e imposibilitará la evolución del formato de competición de fútbol profesional en España”.

Con esas premisas la RFEF acudió a los tribunales de Justicia. Sin embargo, tras la dimisión de Luis Rubiales, la comisión gestora de la RFEF presidida por Pedro Ángel Rocha desistió de continuar adelante con la demanda, sin que las razones reales hayan trascendido nunca. Rocha tuvo que entregar hasta 10 documentos para convencer al TAD, que le ha inhabilitado durante dos años para poder ejercer cargo público, de que la adopción de ese acuerdo era legal, mientras otros miembros de la gestora se desvinculaban de esa misma decisión ante el TAD por diferentes razones.