La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha propuesto este jueves diez medidas que «no requieren incremento presupuestario» de las administraciones públicas, pero que son «imprescindibles» acometer de manera «urgente» para afrontar la crisis social provocada por la pandemia del coronavirus.
En un comunicado, la entidad ha destacado la necesidad de acometer reformas necesarias en el Sistema de Atención a la Dependencia que «agilicen los trámites y simplifiquen los procedimientos» (informes, valoraciones, plan individual de atención y resoluciones).
En relación con el Ingreso Mínimo Vital, la organización apuesta por «simplificar» los procedimientos burocráticos y por establecer mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas para «agilizar la transferencia de las personas beneficiarias de las rentas mínimas de inserción».
En este sentido, considera «imprescindible» la regulación, por Decreto-Ley del Gobierno, de las Ayudas de Urgencia Social, «individualizadas y no periódicas», de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos, reconociendo su naturaleza jurídica específica como ‘Ayudas de Urgencia.
En materia de residencias de mayores, propone monitorizar los datos de los centros para implantar un sistema de alerta temprana y seguimiento, complementándolo con estudios de centros; y protocolos de coordinación entre servicios sociales y sanitarios que garanticen la atención sanitaria de los residentes, especialmente desde la atención primaria.
Además, apuesta por diseñar «corredores seguros para poder establecer los drenajes necesarios en las residencias para atender, según la gravedad, en hospitales o en centros residenciales Covid con servicios coordinados de Servicios Sociales y Sanitarios a las personas que lo requieran.
TELEASISTENCIA PARA MAYORES QUE VIVEN SOLOS
Respecto al Servicio de Ayuda a Domicilio, considera que hay que reorganizarlo para ajustar con nuevas intervenciones a las personas beneficiarias y/o a otras nuevas usuarias, implantando la teleasistencia a las personas mayores que vivan solas.
Garantizar proyectos e itinerarios seguros de intervención con los menores y adolescentes en situación de riesgo de acuerdo a la Ley de Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la adolescencia frente la violencia e implementar planes integrales en zonas desfavorecidas o barrios vulnerables que «posibiliten la convivencia positiva y la inserción social de sus poblaciones» son otras de las medidas.
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también quiere promover «la complementariedad de las acciones del Tercer Sector, desde la directriz de la administración pública, sobre los derechos de ciudadanía que garantiza el Sistema Público de Servicios Sociales».
Por otro lado, propone establecer un Sistema Estatal de Información de los Servicios Sociales que permita realizar una evaluación de «la eficacia y la eficiencia» del Sistema tanto en su Atención Primaria como Especializada en base a parámetros e indicadores comunes a todas las comunidades autónomas.
En último lugar, la entidad quiere incorporar a los equipos asesores de expertos de los gobernantes a profesionales especialistas en la gestión de los Servicios Sociales, «poniendo en la agenda pública los Servicios Sociales como cuarto pilar del Estado del Bienestar».
«Estas diez medidas se resumen en dos: Establecer la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas y dejar hacer a quien sabe hacer», ha concluido.
