La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado dos errores en el expediente del contrato de Innova Next, del empresario Carlos Barrabés, investigada en la causa por corrupción contra Begoña Gómez. Los errores afectarían a un contrato de 4,6 millones de euros consistente en un software para atletas de élite, fue suscrito el 4 de agosto de 2022 y firmado por Carlos Barrabés y José Manuel Franco, entonces presidente del Comité Superior de Deportes (CSD), hombre de confianza de Pedro Sánchez y actual senador socialista. Los investigadores aseguran que «no se han localizado, entre la información aportada, los informes de apertura generados por la Plataforma de Contratación del Sector Público» y en otra parte de su informe aseguran que «se echa un falta un certificado de prestación del Servicio de Alta Competición».
Hay que recordar que un empresario denunció que la adjudicación de este contrato se habría hecho de manera irregular al no respetar por completo el plazo de presentación de ofertas de 15 días e iniciar el proceso para la concesión del mismo 13 días después, una vez recibida una única oferta, que resultó ser la de Innova Next.
«NO SE HAN LOCALIZADO, ENTRE LA INFORMACIÓN APORTADA, LOS INFORMES DE APERTURA GENERADOS POR LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN»
Ahora la UCO encuentra en la misma información aportada por el CSD a los agentes al menos dos errores de forma en ese documento. En el último informe de la Benemérita, que estos días está desvelando MONCLOA, los investigadores refieren que «no es posible determinar para el caso de las ofertas sujetas a fórmulas el momento exacto de su apertura, dado que no se han localizado, entre la información aportada, los informes de apertura generados por la Plataforma de Contratación del Sector Público« y continúa dando como consecuencia que «ese acto concluye con la propuesta de adjudicación y solicitud de documentación a Innova Next SLU, con un plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al requerimiento, de acuerdo a las condiciones relatadas anteriormente». Esas condiciones eran 3.044.890,50€ más 639.427,01€ en concepto de IVA. En total, 3.684.317,51€.
Innova Next tardó 12 días en aportar la documentación, en concreto desde el 8 de julio de 2022 hasta el 20 de julio, cuando lo hacen. Aunque han pasado doce días, en realidad «hábiles» habían pasado sólo 8 días.
Sin embargo, el contrato «es formalizado a fecha 20.09.2022 por importe de 4.605.386,89 euros, entre Juan Carlos Barrabés Cónsul por parte de Innova Next y José Manuel Franco Pardo, en calidad de presidente del CSD». Los agentes explican este desfase monetario entre el precio fijo del contrato de 3,6 millones y el finalmente suscrito por 4,6, en realidad un incremento de 921.079,38 euros en concepto de «precio del servicio variable (25% del fijo)».
FALTA UN CERTIFICADO
Luego analizaron la fase de ejecución, usando las certificaciones expedidas desde la Subdirección General de Alta Competición, desde diciembre de 2022 hasta diciembre de 2023. Es aquí donde la UCO detectó el segundo error y en el informe así lo recogen: «Además de los reconocimientos del gasto, el Servicio de Administración Económica y Tesorería, aporta los confirmantes de los pagos realizados».
«Tomando en consideración la documentación relativa a los reconocimientos de gasto y confirmantes de pago, se echa un falta un certificado de prestación del Servicio de Alta Competición suscrito por el Subdirector General de Alta Competición relativo a un pago por servicios trimestral por valor de 303.956,15 euros, pudiéndose tratar de un error en el archivo del documento», señalan los investigadores.
La UCO añade que «por último, destacar que, si bien el contrato continúa en vigor y estaría ejecutándose actualmente, las últimas certificaciones aportadas son de diciembre de 2023 -aunque el requerimiento de documentación fue de mayo de 2024- pudiéndose tratar de un desfase/retraso en el pago de los trabajos ejecutados».
Hay que recordar que en el mismo informe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha transmitido al juez Peinado, que instruye las causas por corrupción contra Begoña Gómez, que «en cualquier caso, el análisis de los expedientes realizado por esta Unidad y reflejado en el presente escrito, deberá ser objeto de estudio y valoración por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) nombrada por el juez instructor como auxilio judicial para tal fin, a efectos de determinar la existencia de posibles irregularidades en la tramitación, adjudicación o ejecución de los contratos».
