La migración de menores no acompañados se ha convertido en un tema de creciente preocupación para las comunidades autónomas españolas, especialmente para la Comunidad de Madrid. El aumento significativo en la llegada de estos jóvenes migrantes ha generado un debate sobre la capacidad de las regiones para acogerlos y atenderlos adecuadamente, así como sobre la necesidad de una mayor coordinación y financiación por parte del gobierno central.
La situación actual ha llevado a la Comunidad de Madrid a enfrentar diversos desafíos, desde la saturación de sus centros de acogida hasta la necesidad de incrementar significativamente su presupuesto para atender a estos menores. Además, la propuesta del gobierno de España de reformar la Ley de Extranjería para facilitar el traslado automático de menores desde Canarias a otras regiones ha suscitado preocupaciones sobre una posible invasión de competencias autonómicas, añadiendo complejidad al ya delicado panorama migratorio.
Análisis jurídico de la reforma de la Ley de Extranjería
La Comunidad de Madrid ha anunciado que realizará un análisis jurídico exhaustivo de la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería planteada por el gobierno central. Esta iniciativa surge ante la preocupación de que dicha reforma pueda suponer una invasión de competencias autonómicas, llegando incluso a plantear dudas sobre su constitucionalidad.
Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, ha expresado la necesidad de esperar a conocer el texto definitivo que se registre en el Congreso de los Diputados antes de tomar acciones concretas. Sin embargo, ya ha adelantado que en una primera lectura del borrador recibido, se han detectado posibles interferencias en las competencias exclusivas de las comunidades autónomas.
La consejera ha señalado que, una vez se disponga del texto final y se evalúe su contenido, se determinará la estrategia jurídica a seguir para preservar la autonomía de la Comunidad de Madrid. Esta postura refleja la tensión existente entre las administraciones central y autonómica en lo que respecta a la gestión de la migración de menores no acompañados.
Impacto de la crisis migratoria en la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid se enfrenta a un aumento significativo en la llegada de menores migrantes no acompañados. En lo que va de 2024, la región ya ha acogido a 1.239 menores, una cifra que casi iguala el total de 1.340 recibidos durante todo el año 2023. Además, se estima que podrían llegar otros mil menores en lo que resta del año, lo que supone un desafío considerable para los recursos y la capacidad de acogida de la comunidad.
Esta afluencia masiva ha obligado a la Comunidad de Madrid a invertir 40 millones de euros de recursos propios para hacer frente a la acogida y atención de estos menores. Esta cifra contrasta significativamente con los 1,4 millones de euros que el gobierno central transferirá en virtud del acuerdo para la llegada de 30 menores adicionales como parte del reparto entre autonomías.
La situación ha llevado a la saturación de los centros de acogida, como es el caso del Centro de Primera Acogida de Hortaleza, que alberga a más de 100 menores en un espacio proyectado para no superar las 35 plazas. Esta sobreocupación ha motivado la apertura de un expediente gubernativo por parte de la Fiscalía de Madrid, evidenciando la urgente necesidad de ampliar y mejorar las instalaciones de acogida.
Demandas de la Comunidad de Madrid al gobierno central
Ante la creciente presión migratoria, la Comunidad de Madrid ha planteado una serie de demandas al gobierno central. En primer lugar, se ha solicitado un aumento significativo de la financiación para apoyar a las autonomías en la atención a los menores migrantes no acompañados. La diferencia entre los recursos propios invertidos y los fondos transferidos por el gobierno central es considerable, lo que pone en evidencia la necesidad de un mayor apoyo económico.
Además, se ha reclamado un refuerzo de los controles en el Aeropuerto de Barajas, por donde ha llegado aproximadamente el 50% de los menores no acompañados que han entrado en la comunidad. Esta medida busca mejorar la gestión de los flujos migratorios y garantizar una mejor atención a los menores desde su llegada.
La consejera Ana Dávila ha hecho un llamamiento al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para que convoque una Conferencia de Presidentes con el fin de abordar este asunto de Estado. Se considera fundamental establecer una estrategia coordinada entre todas las administraciones para hacer frente a la crisis migratoria y asegurar una atención adecuada a los menores no acompañados, respetando al mismo tiempo las competencias autonómicas y garantizando los recursos necesarios para una gestión eficaz de la situación.
