El pleno del Parlament ha aprobado este martes las conclusiones de la comisión de investigación sobre la aplicación del 155, entre las que la Cámara catalana reprueba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque fue «parte activa y decisiva» en la intervención de la autonomía en 2017, y pide la abdicación del Rey Felipe VI.
La reprobación de Sánchez ha salido adelante con 69 votos favorables de los partidos independentistas, y 56 en contra de Cs, PSC-Units y PP, mientras que los comuns se han abstenido.
Además de reprobar a Sánchez, la Cámara también reprueba al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, al exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, y al exlíder de Cs Albert Rivera por su papel en la aplicación del 155.
El texto aprobado carga contra los miembros del Gobierno de Rajoy que rechazaron comparecer en la comisión, en la que solo han participado JxCat, ERC, los comuns y la CUP, ya que cree que han limitado la investigación y han menospreciado a las instituciones catalanas.
En otra de las conclusiones aprobadas, el Parlament constata «la existencia de un conflicto político entre Catalunya y el Estado español que es consecuencia de la negativa del Estado a reconocer el derecho a la autodeterminación de Catalunya«, afirma que el Estado está obligado a reconocer este derecho y reivindica la vigencia del mandato político derivado del 1-O.
Asimismo, manifiesta que la aplicación del 155 estaba «premeditada mucho antes del referéndum del 1-O» y que el Gobierno lo habría aplicado de la misma manera aunque se hubieran convocado elecciones.
«La aplicación del artículo 155 fue una acción política perfectamente asimilable a un golpe de estado ejecutado desde los mimos aparatos del Estado», argumenta otra de las conclusiones, y en otra asegura que el 155 ha continuado aplicado de facto tras su levantamiento formal.
Sobre el Rey, las conclusiones de la comisión aprobadas por el pleno le atribuyen un papel clave en el 155, critican su discurso del 3 de octubre y por eso lo reprueban y piden su abdicación, aunque en este punto los comuns han votado a favor.
«Independientemente de la celebración de un referéndum de autodeterminación en Catalunya, por salud democrática, consideramos necesaria la abdicación de Felipe VI, una investigación exhaustiva sobre las interferencias políticas y la corrupción de la monarquía borbónica y un referéndum sobre monarquía o república en el resto del Estado», reza una de las conclusiones de la comisión.
Además, la Cámara ha expresado que la disolución del Parlament, la destitución del Govern y la convocatoria de elecciones a través del 155 «fueron actuaciones totalmente desproporcionadas, inconstitucionales e ilegales«, reclama la amnistía y reprocha la afectación que tuvo la intervención de la autonomía en la economía catalana y en la administración de la Generalitat.
El presidente de la comisión, Toni Morral (JxCat), ha puesto en valor el total de 21 sesiones y 40 comparecencias con las que ha contado la comisión para conocer las causas, valorar la legalidad y las consecuencias que supuso esa aplicación, y ha lamentado las incomparecencias de algunos de los responsables que rechazaron acudir al Parlament: «No se pudo tener la presencia en las comisiones, no quisieron comparecer amparados en el informe del Consejo General del Estado, que les permitía el lujo de menospreciar al Parlament de Catalunya», ha dicho.
La diputada de JxCat Gemma Geis ha insistido en la reprobación a Sánchez, Rajoy y Rivera por su rol en la aplicación del 155, y también insta a la reprobación del Rey Felipe VI «por su papel activo avalando la violencia del 3 de octubre».
Desde ERC, Jordi Orobitg ha reprochado que el 155 conllevó un ataque a los derechos individuales y colectivos, y asegura que su aplicación supuso romper un pacto constitucional, «el del 78, que establecía compromisos que fueron dinamitados por la sentencia del Tribunal Constitucional».
El diputado ‘cupaire’ Carles Riera ha sostenido que la aplicación del 155 fue eficaz por la colaboración de algunos cargos de la Generalitat para cumplir las directrices del Estado: «¿Alguien se planteó una estrategia de boicot contra el 155? Estas preguntas quedaron sin respuesta en la comisión».
El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha defendido que el 155 evitó que «un Govern sin escrúpulos implantase las vergonzosas leyes que quitaban el pasaporte» a la ciudadanía, y asegura que pedirá a Sánchez impugnar las conclusiones del dictamen.
El socialista Ferran Pedret ha tildado la comisión del 155 de «farsa» ya que, según él, su objetivo era investigar un efecto sin investigar la causa, y que en todo momento se trataba la aplicación del artículo 155 como un hecho aislado que no respondía a un motivo.
Por parte de los comuns, el diputado Marc Parés ha lamentado que, a su juicio, esta comisión haya sido una oportunidad perdida, porque algunos grupos no han participado y otros «han querido imponer su discurso», y cree que las conclusiones del dictamen no resuelven el conflicto entre Catalunya y el resto del Estado.
El popular Santi Rodríguez ha sostenido que la aplicación de la Constitución era imprescindible para restaurar el ordenamiento jurídico en Catalunya: «Las únicas responsabilidades búsquenlas en aquellos que con sus actos generaron la inseguridad jurídica, social y económica».
