El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón insiste en que la exasesora de Podemos Dina Bousselham sustituya a la abogada del partido Marta Flor que la representa en la pieza 10 del ‘caso Villarejo’, que investiga el presunto robo de su teléfono móvil y la posterior publicación de su contenido en medios de comunicación.
Así lo explica el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en un auto del 15 de julio, en el que rechaza el recurso de reforma presentado por Flor y confirma su decisión de instar a Bousselham, víctima del supuesto delito, a cambiar de letrado o, de lo contrario, procederá a designarle uno de oficio.
El magistrado acordó esta medida el pasado 19 de junio debido a que veía «conflicto de intereses» por el hecho de que Bousselham compartiera representación letrada con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, quien había sido perjudicado en esta pieza 10, condición que fue revocada después. García Castellón veía en la defensa de Iglesias una actuación «empeñada en limitar» el esclarecimiento del delito.
Tras instar a la exasesora a cambiar de abogada, Iglesias recurrió su retirada como perjudicado en un escrito dirigido a la Sala de lo Penal que ya firmaba un letrado distinto a Marta Flor. De forma paralela, ésta recurrió el auto del juez que pedía el cambio de abogados en el que entendía que el conflicto de intereses «habría desaparecido» después de que fuera el vicepresidente el que procediera al nombramiento de una nueva representación letrada.
Sin embargo, el juez determina que el recurso de Bousselham «debe ser desestimado» y argumenta que «entre las obligaciones del titular de la potestad jurisdiccional que dirige el procedimiento está el de la tutela de los intereses de quienes acuden al mismo, cualquiera que sea su condición, evitando cualquier situación que pueda suponer una merma delpleno disfrute de los derechos procesales que legal y constitucionalmente todos tienen reconocidos».
Sin mencionar al hecho de que Iglesias ya no esté representado por Marta Flor, el instructor se limita a afirmar que «desde la necesaria protección de los intereses de las partes, teniendo en cuenta que en el caso concreto de la recurrente el derecho a la designación de letrado se vincula con el ‘ius ut procedatur’, y no con el derecho de defensa, constatada además una manifiesta voluntad de la parte recurrente de esclarecer lo acontecido, no cabe otra opción que no sea la de desestimar el recurso de reforma con íntegra confirmación de la resolución recurrida».
FISCALÍA CREE QUE YA NO ES NECESARIO
Y todo ello a pesar de que los fiscales anticorrupción encargados del ‘caso Villarejo’ opinaban que ya no era necesario exigir a Bousselham el cambio de letrada después de que Iglesias decidiera contratar a otra representación letrada.
La desestimación de su recurso no debe conllevar, en los términos de la resolución, que se exija a la recurrente un cambio de letrado, ya que Pablo Iglesias Turrión ha designado nuevo letrado de confianza, por lo que debe entenderse que ya no existiría el conflicto de intereses declarado», explicaban los fiscales en su escrito, adelantado por ‘El Confidencial.
En todo caso, esta decisión del magistrado García Castellón no es definitiva, ya que Dina Bousselham puede aún recurrir en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
