El Pleno del Congreso votará este miércoles, a puerta cerrada como marca el Reglamento, el informe de la Comisión del Estatuto del Diputado por el que se autoriza a los parlamentarios que han pedido permiso para ello a compatibilizar el escaño con actividades privadas, ya sean el ejercicio de su profesión, la gestión de sociedades de distinta índole, la docencia o la participación en conferencias y seminarios, u con otras de carácter público como ser alcalde o concejal.
Fue a finales del pasado mes de junio cuando la Comisión del Estatuto del Diputado aprobó el primer dictamen de compatibilidades de esta legislatura, que arrancó hace ya más de siete meses. El documento salió adelante por unanimidad también en una sesión secreta pero debe ser ratificado por el Pleno.
Pese a que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) habla de «dedicación absoluta» a la labor parlamentaria, el Congreso tiene margen para autorizar tareas extra parlamentarias.
En este primer informe de la legislatura, se autoriza a una quinta parte de sus señorías a compaginar su escaño con el ejercicio de su actividad profesional o con la gestión de sociedades de distinto tipo, además de 35 diputados que ocupan cargos municipales (12 alcaldes y 23 concejales).
De hecho, sólo figuran 56 diputados que declaran no tener ninguna otra actividad o cargo público que simultanear con su escaño. En esta lista aparecen, entre otros, los portavoces del PNV, Aitor Esteban, y de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, así como el coordinador de los parlamentarios del PSC en Madrid, José Zaragoza.
UNA QUINCENA DE ABOGADOS
Entre las actividades permitidas destaca la abogacía. Hay una quincena de abogados ejercientes, y una buena parte tiene bufete privado propio. Entre ellos Patricia De las Heras (Vox), Genís Boadella (Junts), Celso Delgado (PP), Sara Giménez (Ciudadanos) y Carolina Telechea (ERC).
A todos ellos, en el informe se les avisa de que se les autoriza el ejercicio de la abogacía «sin la posibilidad de percibir remuneración del sector público y sin menoscabar el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias».
Además, el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua Núñez, indica que es socio al 50% de dos empresas de asesoramiento financiero, pero sin actividad de consultor, y que administra otras sociedades de las que participa en el capital. Y Adolfo Suárez Illana, miembro de la Mesa del Congreso, mantiene las dos empresas de la que es administrador único: Suárez & Illana Abogados S.L. (sin actividad) y Suárez & Illana Inversiones, S.L. de cuyos activos, según informa, no participa.
En el hemiciclo hay dos arquitectos que siguen con sus despachos: el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, y la diputada del PP Ana Zurita, aunque en su caso precisa que lo hace sin cobrar. Igualmente, el ‘popular’ Juan Antonio Callejas, tiene su propia clínica de odontología y la socialista Ana Prieto cuenta con una oficina de farmacia.
Otra actividad consentida es la gestión de explotaciones agrícolas, aunque conlleve la percepción de subvenciones europeas de la PAC. La exministra de Agricultura Isabel Garcia Tejerina, del PP, que ha renunciado a su escaño esta semana, recibió el aval de la comisión para esta actividad, al igual que dos diputados socialistas.
COBRANDO SUBVENCIONES DE LA PAC
Así, se indica que el diputado socialista por Teruel Herminio Sancho Íñiguez es socio al 50% de SAT 82 ARA Mezquita de Jarque, dedicada a la activad agrícola y ganadera y ha recibido la compatibilidad pese a consignar que recibe subvenciones europeas y «otras ayudas públicas». Eso sí, dice que él no percibe ningún tipo de ingreso de la empresa.
También se beneficia de fondos de la PAC la explotación agrícola familiar del diputado socialista por Sevilla José Losada, quien deja claro que no presta ningún tipo de servicios a la administración pública. Otra socialista, Josefa Andrés, comunicó que su marido cobra subvenciones por explotación de una propiedad rústica de la que ya informó en declaración de bienes.
García Tejerina, que era una de las diputadas con mayor patrimonio declarado, reconoció igualmente percibir ayudas de la PAC para explotaciones agrarias. La comisión le dio la compatibilidad «en la medida en que se trata de un régimen de ayudas de concesión reglada, basado en un procedimiento objetivo y cuya percepción no guarda relación alguna con la actividad política de los parlamentarios».
Otro diputado del PP, el granadino Carlos Rojas, declara ser accionista minoritario de una sociedad agrícola cuyo objeto social son los productos tropicales y agrícolas, pero que no contrata con el sector público ni recibe subvenciones
De su lado, el socialista Juan Francisco Serrano Martínez es accionista del 50% de distribuidora hortofrutícola Campos de Mágina, mientras que su compañero de grupo Juan Bernardo Fuentes Curbelo posee el 50% de una explotación ganadera de caprino –Ganadería Tetir SL–, el 30% de Quesos Tetir SL, la mitad de Promociones Verol SL, el 3% de Travel Trend Group y el 5% de TISMECA SL, además de ser administrador de una sociedad de asesoramiento fiscal, contable y administrativo.
OTROS NEGOCIOS
Pero en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo también hay otra decena de diputados que podrán compatibilizar su escaño con negocios y sociedades de distinta índole.
Seis de ellos son de Vox. Víctor González Coello de Portugal, además de trabajar, sin cobrar, como asesor externo de la inmobiliaria Energreen Capital SL, tiene autorización para seguir como propietario de la mitad Management Productive Resources, empresa familiar, de la que es director general, que se dedica a la mediación para la compra venta de petróleo, sus derivados y materias primas.
Su compañero Pedro Jesús Requejo es socio administrador solidario de Powerstroom Tres SL, que produce y comercializa energía fotovoltaica. El también diputado de Vox Rodrigo Jiménez Revuelta tiene participaciones hasta en cinco empresas de asesoría y consultoría. Y Mireia Borràs, del mismo partido, es consultora de entidades del sector privado y socia al 51% de Goiplus Spain SL, con actividades inmobiliarias, de construcción, distribución comercial, industria manufacturera y textil .
Asimismo, Víctor Manuel Sánchez del Real es socio fundador y único propietario de Elocuent, S.L., y participa en otras dos sociedades (Blogs Business, S.L. y en Puntos básicos consultoría y servicios S.L), pero asegura que renunciará o cederá a terceros los derechos económicos que generen mientras sea diputado. Y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, también de Vox, administra igualmente sociedades de naturaleza privada pero señala que «no mantienen relación con ninguna Administración Pública» ni incurren en causas de incompatibilidad.
En el mundo del Periodismo, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, es consejera de la Sociedad para el Desarrollo de los Medios de Comunicación vascos EHKE S.A. (editora del diario ‘GARA’), la diputada ‘popular’ Carmen Riolobos es vocal del Consejo Asesor de la Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, y el socialista Julio del Valle en el Consejo Editor de Diario 16. Por su parte, la dirigente de Podemos y secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, es un miembro fundamental del programa de televisión la Tuerka que comparte con su líder, Pablo Iglesias.
También en Podemos, su portavoz adjunta, Sofía Castañón, declara ser administradora y socia solidaria de la productora audiovisual Señor Paraguas, S.L., pero detalla que ahora está es suspensión de actividad y que no recibe subvenciones ni tiene vinculación alguna con el sector público.
