Los magistrados del Tribunal Supremo (TS) celebrarán hoy una reunión crucial para determinar si es factible aplicar la ley de amnistía a los condenados en el marco del proceso independentista en Cataluña, conocido como el ‘procés‘. Entre los implicados se encuentran figuras destacadas como el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, el expresidente de Òmnium Jordi Cuixart, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y los exconsejeros Josep Rull y Joaquim Forn. Dado que todas las penas han sido cumplidas, el tribunal evaluará si corresponde eliminar sus antecedentes penales.
Deliberaciones sobre la aplicación de la amnistía
Fuentes jurídicas consultadas han confirmado que los magistrados analizarán la posibilidad de aplicar la ley de amnistía tras haber emitido un fallo el pasado 1 de julio en relación a la misma ley, pero aplicada a los condenados por malversación y desobediencia, como el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull.
En aquel dictamen, el tribunal descartó la amnistía para los casos de malversación, aunque consideró que la desobediencia podía ser objeto de la misma. Sin embargo, dadas las interrogantes sobre la legalidad de la ley de amnistía, se concedió un plazo de 10 días a las partes involucradas para que se pronunciaran sobre la pertinencia de consultar al Tribunal Constitucional respecto a la redacción de la normativa referente a la desobediencia.
Pendiente la resolución para otros líderes independentistas
En vista de estos antecedentes, se espera que el Tribunal Supremo tome una decisión respecto a la aplicabilidad de la ley de amnistía a otros líderes independentistas que aún mantienen condenas por desórdenes públicos, algunos de los cuales ya han cumplido sus penas. Este tema será abordado en la reunión convocada para este miércoles.
En el caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ambos fueron sentenciados a 9 años de cárcel e inhabilitación por un delito de sedición. En el año 2021, el Gobierno les concedió el perdón respecto a las penas de prisión, y en 2023 el Tribunal Supremo revisó sus casos tras una reforma penal que derogó el delito de sedición, sustituyéndolo por el de desórdenes públicos, lo que significó la extinción de sus inhabilitaciones.
Por su parte, Carme Forcadell, Josep Rull y Joaquim Forn fueron condenados a penas de hasta 11 años y medio de prisión e inhabilitación por sedición. Tras recibir un indulto por parte del Gobierno y la reforma del Código Penal, el Tribunal Supremo modificó sus condenas de sedición a desórdenes públicos, con la consiguiente extinción de las penas de inhabilitación.
Nuevos casos bajo análisis
Además de los casos anteriormente mencionados, el Tribunal Supremo abordará también la situación de los exconsejeros Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó, condenados por desobediencia a multas e inhabilitación en 2019. Dada la ausencia de penas de cárcel, estos no fueron beneficiados con indultos y tampoco se vieron afectados por la reforma penal que derogó la sedición.
En este sentido, se espera que el tribunal siga un procedimiento similar al evaluado para otros casos de desobediencia dentro del procés, otorgando un plazo a las partes involucradas para que emitan sus opiniones sobre la viabilidad de consultar al Tribunal Constitucional.
Deliberaciones adicionales
Aparte de los casos mencionados, el Tribunal Supremo tiene previsto analizar la posible aplicación de la amnistía en seis casos relacionados con delitos de desobediencia y desórdenes públicos vinculados al procés. Entre ellos se encuentran el de la exconsejera Meritxell Serret y los miembros de la Mesa del Parlament presidida por Carme Forcadell.
En concreto, se revisará la situación de Meritxell Serret, condenada por desobediencia por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Asimismo, se evaluará la amnistía para los integrantes de la Mesa del Parlament durante aquel período, así como otros implicados en actos de desobediencia durante el procés.
Por último, se analizará el caso del exalcalde de Sabadell Matíes Secarrant, condenado por desobediencia al no haber impedido el referéndum del 1-O, y el de un joven manifestante cuya condena fue modificada por la Justicia de Cataluña. De esta forma, el Tribunal Supremo se enfrenta a una importante tarea de revisión y decisión en relación a la aplicación de la ley de amnistía en el contexto del procés independentista en Cataluña.
