El juez Joaquín Aguirre, a cargo del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, ha denegado la solicitud de amnistía presentada por el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y otros 12 investigados en la trama rusa del «procés». En su auto, el magistrado ha añadido un nuevo cargo de pertenencia a organización criminal a las acusaciones de alta traición y malversación que ya pesaban sobre los imputados.
Según el auto consultado por Europa Press, el juez Aguirre argumenta que estos delitos graves no quedarían amparados por una eventual medida de gracia. Asimismo, ha elevado la causa al Tribunal Supremo, dado que dos de los investigados, Puigdemont y el diputado Francesc Dalmases, cuentan con aforamiento.
Vínculos con Rusia Bajo Investigación
La investigación del juez Aguirre se centra en un presunto vínculo entre los líderes del «procés» y el gobierno ruso. El objetivo sería «establecer relaciones de influencia política y económica con la Generalitat si éste se independizaba de forma unilateral de España», tal como se indica en el auto de prórroga emitido por el magistrado.
Cabe recordar que la Audiencia de Barcelona había ordenado previamente al juez poner fin a esta instrucción, al entender que la última prórroga solicitada en agosto de 2023 para realizar nuevas pesquisas no se ajustaba a derecho. Sin embargo, la decisión del juez Aguirre de ampliar los cargos y remitir la causa al Tribunal Supremo supone un giro significativo en el desarrollo de esta compleja trama.
Implicaciones Jurídicas y Políticas
La decisión del juez Aguirre tendrá importantes repercusiones tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito político. Por un lado, el Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre la validez de las nuevas acusaciones planteadas por el instructor de la causa. Por otro lado, la ampliación de los cargos y la posible elevación de la causa al alto tribunal podrían tener un impacto considerable en la dinámica política catalana y en las relaciones entre Cataluña y el Estado español.
Este caso, que involucra a figuras clave del independentismo catalán, sigue generando gran interés y debate a nivel nacional e internacional. La evolución de la investigación y las decisiones que tome el Tribunal Supremo serán seguidas de cerca por la opinión pública, en un contexto marcado por la persistencia de tensiones políticas y jurídicas en torno a la cuestión catalana.
