La joven valenciana María Teresa Tanco, que tenía 14 años cuando sufrió abusos sexuales por parte del exmarido de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, pide ahora tres años de cárcel para la exlíder de Compromís y ex consejera del gobierno valenciano y 12 años de inhabilitación para cargo público por los delitos de prevaricación, malversación y un delito contra la integridad moral.
Además, la denuncia se dirige también contra nueve funcionarios y altos cargos de la Consejería de Igualdad y Políticas inclusivas del Gobierno valenciano por abandono de menores y contra la integridad moral. Hay que recordar que la menor denunció los abusos ante una psicóloga y la directora del centro de menores donde residía, pero no se le hizo caso y tuvo que ser la Policía Nacional y la Fiscalía de Menores quienes actuaran de oficio en defensa de la menor. En el posterior proceso judicial contra el exmarido de Mónica Oltra ningún organismo del Gobierno valenciano se personó en defensa de la menor, que tuvo que ser asistida por un letrado particular.
La menor, que ahora ya es mayor de edad, ha pedido al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia la apertura de juicio oral contra Mónica Oltra y otros nueve exaltos cargos. En su escrito de calificación provisional, la joven, que ejerce la acusación particular acusa a Oltra de tres delitos por su actuación como responsable de la Consejería que debía velar por sus derechos y reclama la prohibición de aproximarse o comunicarse con ella de todos los acusados por periodo de cinco años y que, en conjunto, le indemnicen con 120.000 euros por los daños morales, con la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat valenciana.
EL EXMARIDO DE OLTRA FUE CONDENADO A CINCO AÑOS
El pasado 21 de junio el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia dictó el auto de procesamiento contra Oltra en aplicación de la decisión de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia que reabrió el proceso al entender que no podía descartarse «claramente» la existencia de infracción penal y que concurrían indicios suficientes para encausar a varios de los investigados.
Ahora, la víctima de los abusos del exmarido de Oltra, Luis Eduardo Ramírez -condenado en sentencia firme a cinco años de prisión- pide tres años y medio de cárcel para la exconsejera al considerar que fue la que, entre los días 4 y 8 de agosto de 2017, dio la orden de abrir un «expediente informativo» sobre los hechos, que no iba dirigido «a fiscalizar el mal funcionamiento de la Administración, para lo que podría haberse activado el Servicio de Inspección», sino a «entorpecer la acción de la Justicia» en este caso. El centro tenía conocimiento de los hechos desde el 12 de febrero de 2017 cuando la menor se lo relató a una trabajadora social.
La acusación mantiene los cargos contra otras nueve personas más, funcionarios de la consejería o altos cargos de Oltra, María Isabel Domingo, Ana Victoria García, Inmaculada Martín, Francisco Soriano, María Amparo Nogués, Rosa Josefa Molero, Gemma Plaza, Isabel Serra y María José Navarro.
SOMETIERON A LA MENOR A EXPLORACIONES INNECESARIAS «MÁS PARECIDAS A UN INTERROGATORIO POLICIAL QUE A UNA AMABLE ENTREVISTA CON UNA NIÑA DE 14 AÑOS»
A cada uno de ellos se les acusa de un delito, desde el abandono de menores hasta la prevaricación. En el primero de los casos la pena es de tres años de prisión, la prevaricación acarrea 12 años de inhabilitación para ejercer cargo público, un año y medio por la malversación y hasta dos años de cárcel por delito contra la integridad moral. A juicio de la acusación, los acusados actuaron «con conocimiento de la evidente ilegalidad, arbitrariedad y desviación de poder que suponía el dictado y ejecución de una resolución que ordenaba tramitar un expediente de averiguación de hechos delictivos y bajo investigación judicial».
EXPEDIENTE INFORMATIVO DE LA CONSEJERÍA
La Consejería abrió un expediente informativo a pesar de que la Fiscalía de menores ya había empezado su propia investigación, y la acusación sostiene que ese expediente «supuso someter innecesariamente a la menor abusada a cuatro exploraciones más, una por la funcionaria y tres por la psicóloga» que fueron «más parecidas a un duro interrogatorio policial que a una amable entrevista con una niña de catorce años».
Con todo, la joven reclama la mayor pena de prisión, hasta seis años y medio, para la jefa del Servicio de Infancia y Adolescencia de la Conselleria, a quien además le atribuye un delito de abandono de menores, y cinco años para otros cuatro responsables: la directora del centro donde ocurrieron los abusos; una funcionaria de la sección de menores; una psicóloga de la administración autonómica y el jefe de la sección del menor. Para el resto pide inhabilitación por prevaricación y dos años de prisión por delito contra la integridad moral.
«MANTENER LA DISCRECCIÓN»
Para la acusación, parte de los acusados estaban «más preocupados por mantener la ‘discreción’ sobre la identidad del abusador que por proteger a la niña tutelada: ni lo denunciaron al GRUME, ni comunicaron el hecho al Ministerio Fiscal, ni se preocuparon de la protección de la menor, a la que se le colocó (a ella y de paso a todos los menores acogidos en el CAM) en la situación de riesgo que suponía volver a estar en contacto con el abusador, ya que éste fue reincorporado» en marzo de 2017 a su puesto de trabajo, del que había sido apartado provisionalmente unos días antes, aunque fue destinado a tareas administrativas. Unos meses después la menor abusada fue trasladada de Centro de menores.
De esta forma, sostiene que lograron «la ocultación de unos hechos que afectaban de forma muy relevante a la máxima responsable de la Conselleria», Mónica Oltra, «no solo en el plano personal, como es obvio, sino también en el plano de sus responsabilidades políticas».
En junio de 2017, otra niña que era trasladada al centro contó lo ocurrido de manera espontánea a dos agentes de Policía Nacional y, a partir de ahí, según esta parte, se dio cuenta a Fiscalía de Menores pero por parte de la Policía y al Juzgado y se activó el procedimiento judicial contra el entonces todavía marido de la exvicepresidenta que acabó con su condena a cinco años de prisión ratificada por el Tribunal Supremo.
Según el escrito de acusación, cuando ya se había judicializado la investigación, los acusados, puestos de común acuerdo, «idearon una estrategia para desacreditar el testimonio de la menor, cubrir las apariencias» y «obstaculizar la acción judicial» y, para ello, acordaron realizar una instrucción «paralela a la judicial con la finalidad, no ya de saber lo que podía haber fallado para que los hechos se hubieran ocultado durante tanto tiempo, sino para determinar la veracidad de las acusaciones efectuadas por la menor».
La acusación sostiene que «desde el primer momento», la menor «se vio desatendida en su queja, obligada a convivir con el educador abusador durante cinco meses, vilipendiada, interrogada como si fuera ella la delincuente y no la víctima, conducida esposada al juicio y abandona a su suerte. Ni se le facilitó el tratamiento psicológico recomendado ni tuvo la asistencia jurídica que, como menor tutelada, debía dispensarle la Abogacía de la Generalitat».
El escrito, presentado este pasado 8 de julio propone también que se tome declaración como testigos a 11 personas, incluyendo a dos exmaridos de Oltra, el propio Luis Ramírez y Miguel Real, que además fue jefe de su gabinete.
