La construcción de grandes infraestructuras energéticas en países en desarrollo a menudo se ve envuelta en complejas tramas de corrupción y sobornos. En este contexto, el caso de la central termoeléctrica ‘Planta El Sitio’ en Venezuela ha saltado a los titulares por las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción española contra la empresa Duro Felguera y varios de sus directivos. Este caso pone de manifiesto la delgada línea que a veces separa las prácticas comerciales legítimas de las actividades ilícitas en el ámbito de los negocios internacionales.
La investigación, que se remonta a 2009, ha destapado una presunta red de pagos irregulares y contratos ficticios destinados a asegurar la adjudicación del proyecto valorado en 1.500 millones de dólares. La Fiscalía Anticorrupción española ha presentado un detallado escrito de acusación que implica a altos cargos tanto de la empresa española como de la administración venezolana, solicitando penas de prisión y cuantiosas multas. Este caso no solo tiene implicaciones legales y económicas para los implicados, sino que también plantea importantes cuestiones sobre la ética empresarial y la transparencia en las transacciones internacionales.
Acusaciones y solicitudes de la Fiscalía Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un extenso escrito de acusación contra Duro Felguera y varios individuos implicados en el caso de la central termoeléctrica en Venezuela. En este documento, se solicita una multa de 160 millones de euros para la compañía y dos de sus expresidentes. Esta cifra refleja la gravedad de las acusaciones y el alcance económico de los presuntos delitos cometidos.
Además de las sanciones económicas, la Fiscalía también ha solicitado penas de prisión para varios de los acusados. Entre las peticiones más destacadas se encuentra una pena de 8 años y 9 meses de prisión para Nervis Villalobos, exviceministro venezolano, junto con una multa adicional de 3,6 millones de euros. Para los expresidentes de Duro Felguera, Ángel Antonio del Valle y Juan Carlos Torres, se solicitan penas de 10 años y 4 meses de prisión.
El escrito de acusación, que consta de 90 páginas, detalla una serie de delitos que incluyen corrupción en transacciones comerciales internacionales, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales. Estos cargos reflejan la complejidad de la trama investigada y la diversidad de infracciones legales que presuntamente se cometieron para asegurar la adjudicación del contrato.
Detalles de la investigación y hechos denunciados
La investigación se centra en los eventos que tuvieron lugar a partir de 2009, cuando Venezuela enfrentaba una severa crisis energética. En respuesta a esta situación, el gobierno venezolano decidió construir la central termoeléctrica ‘Planta El Sitio’ en el estado de Miranda, con el objetivo de abastecer de energía a la Gran Caracas y sus 4,5 millones de habitantes.
Según la Fiscalía, la adjudicación de esta obra a Duro Felguera no fue un proceso transparente. Se alega que la empresa española se comprometió a realizar pagos a funcionarios públicos venezolanos para asegurar la adjudicación del contrato. Estos pagos, supuestamente autorizados por los altos directivos de Duro Felguera, se habrían realizado a través de una compleja red de contratos ficticios y sociedades interpuestas.
La investigación ha revelado que se pagaron al menos 105,6 millones de dólares a Nervis Villalobos, supuestamente para que utilizara su influencia en la administración venezolana en beneficio de Duro Felguera. Estos pagos se realizaron en tres tramos entre diciembre de 2008 y marzo de 2013, coincidiendo con el período de adjudicación y ejecución inicial del proyecto.
Implicaciones legales y postura de Duro Felguera
Las acusaciones presentadas por la Fiscalía Anticorrupción tienen graves implicaciones legales y reputacionales para Duro Felguera y los individuos implicados. Además de las penas de prisión y multas solicitadas, la Fiscalía también ha pedido que se inhabilite a la empresa y a sus exdirectivos para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y gozar de beneficios fiscales durante un período de dos años.
Frente a estas acusaciones, Duro Felguera ha mantenido una postura de negación. Fuentes de la empresa han afirmado que no existe evidencia alguna de que hayan actuado de manera inadecuada o contraria a las normas legales vigentes. Argumentan que sus acciones se fundamentan en compromisos contractuales perfectamente legales y conformes con la regulación aplicable, respaldando esta afirmación con informes periciales de expertos independientes.
Sin embargo, el juez instructor del caso ha considerado que existen indicios suficientes para procesar a la empresa y a los individuos implicados. En su auto de procesamiento, el juez sostiene que el presunto trato de favor obtenido mediante sobornos fue lo que permitió a Duro Felguera conseguir el contrato para la ejecución del proyecto Termocentro, valorado en 1.500 millones de dólares.
Este caso pone de manifiesto la complejidad de las transacciones comerciales internacionales y los desafíos que enfrentan las empresas al operar en mercados extranjeros. También subraya la importancia de contar con sistemas de cumplimiento robustos y una cultura empresarial ética para prevenir y detectar posibles casos de corrupción. A medida que el caso avance en los tribunales, será crucial observar cómo se desarrollan las alegaciones y defensas de ambas partes, y qué implicaciones tendrá este caso para el futuro de Duro Felguera y para las prácticas empresariales en el sector de la construcción e infraestructuras a nivel internacional.
