La Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana ha tomado medidas drásticas ante una denuncia que ha sacudido a la comunidad educativa. Se trata de un caso alarmante que involucra a un docente acusado de realizar terapias de conversión sexual, una práctica ilegal y éticamente reprobable, en un centro educativo de Alaquàs. Esta situación ha generado una gran preocupación entre padres, educadores y autoridades, quienes buscan esclarecer los hechos y tomar las medidas necesarias para proteger a los estudiantes.
El caso ha llamado la atención no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por el tiempo transcurrido desde que supuestamente ocurrieron los hechos hasta que se presentó la denuncia. Los denunciantes, ahora jóvenes adultos, han decidido romper el silencio y exponer situaciones que vivieron hace años, cuando eran estudiantes. Este retraso en la denuncia plantea interrogantes sobre el impacto a largo plazo de estas presuntas prácticas y subraya la importancia de crear entornos educativos seguros donde los estudiantes se sientan protegidos y capaces de denunciar cualquier abuso de inmediato.
La Conselleria de Educación toma cartas en el asunto
La respuesta de la Conselleria de Educación ha sido contundente. Daniel McEvoy, secretario autonómico de Educación, ha anunciado que se pondrá en conocimiento de la Fiscalía la denuncia sobre las presuntas terapias de conversión sexual. Esta decisión demuestra la seriedad con la que las autoridades están tratando el caso y su compromiso con la protección de los derechos de los estudiantes.
La Inspección Educativa ha jugado un papel crucial en esta etapa inicial del proceso. Tras tener conocimiento de los hechos denunciados, ha elaborado un informe que, según McEvoy, es «taxativo» en cuanto al cumplimiento de la ley. Este informe será fundamental para las siguientes etapas de la investigación y posibles acciones legales.
El secretario autonómico ha sido enfático al señalar que, de confirmarse los hechos denunciados, estaríamos ante la comisión de un delito. Esta declaración subraya la gravedad de las acusaciones y la necesidad de una investigación exhaustiva. La decisión de trasladar el caso a la Fiscalía permitirá que sea un juez quien determine si se deben abrir diligencias y cómo proceder.
Alcance y detalles de la investigación
La investigación que se llevará a cabo promete ser amplia y minuciosa. Desde el departamento de Campanar han señalado que no solo se investigarán los hechos denunciados que ocurrieron hace siete años, sino también cualquier posible continuación de estas prácticas hasta la actualidad. Esta amplitud en el alcance de la investigación es crucial para determinar si se trata de un caso aislado o si existe un patrón de comportamiento que se ha mantenido en el tiempo.
Los detalles de la denuncia, según lo publicado por el diario Levante-EMV, son alarmantes. Los denunciantes, ahora jóvenes de hasta 27 años, aseguran que cuando eran alumnos del colegio Madre Josefa Campos de Alaquàs, un profesor les sometió a terapias de conversión sexual. Uno de los testimonios más impactantes relata que el docente llegó a ofrecerle «una pastilla para curar la homosexualidad», una afirmación que no solo es falsa desde el punto de vista científico, sino profundamente dañina y discriminatoria.
La investigación también se extiende más allá del ámbito escolar. Se ha revelado que el docente denunciado dirige un Centro de Orientación Familiar diocesano llamado Mater Misericordiae, ubicado en València. Este centro, creado en 2014, ha atendido a más de 350 personas desde su fundación. La conexión entre el docente y este centro añade una capa adicional de complejidad al caso y amplía el espectro de posibles afectados.
Reacciones y próximos pasos
El caso ha generado reacciones en diversos sectores. El Arzobispado, por su parte, ha emitido una declaración en la que afirma que, aunque no les consta que se hayan realizado prácticas de este tipo, realizarán una investigación sobre las actuaciones que se han conocido. Esta respuesta del Arzobispado es importante, dado que el Centro de Orientación Familiar, aunque no es un organismo oficial de la Diócesis, es una asociación pública de fieles.
Es crucial destacar que, según el Arzobispado, no ha llegado ninguna queja de personas atendidas en el Centro de Orientación Familiar. Sin embargo, esta afirmación no disminuye la gravedad de las acusaciones ni la necesidad de una investigación exhaustiva. El hecho de que no haya quejas formales no significa necesariamente que no haya habido prácticas inadecuadas o dañinas.
Los próximos pasos en este caso serán determinantes. La investigación de la Fiscalía, si se lleva a cabo, deberá ser minuciosa y considerar todos los aspectos del caso, desde los testimonios de los denunciantes hasta las prácticas del Centro de Orientación Familiar. Además, será importante examinar cómo estas presuntas prácticas pudieron ocurrir en un entorno educativo y qué medidas se pueden implementar para prevenir situaciones similares en el futuro.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia constante en los entornos educativos y la necesidad de crear espacios seguros donde los estudiantes puedan expresarse libremente y denunciar cualquier situación que les incomode o perjudique. También subraya la importancia de la educación en diversidad y respeto, y la necesidad de erradicar prácticas discriminatorias y pseudocientíficas como las terapias de conversión sexual.
